Madrid recurre al Supremo por adoctrinamiento en las aulas

Falta de contenidos y alta carga ideológica. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a la carga contra el Gobierno en materia educativa y ha afirmado que recurrirá ante el Tribunal Supremo el currículo académico de Bachillerato, principalmente, por estos dos motivos. El portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, dijo este martes pasado que su partido respalda el recurso presentado por Ayuso y manifestó que se alegran del "cambio de criterio" de la mandataria madrileña, quien "se ha dado cuenta de que se adoctrina en los colegios".

Los problemas no acaban aquí. La implantación del Bachillerato general, una de las novedades de la ley educativa, tendrá el curso que viene un alcance limitado. Hasta tal punto que en Cataluña y Madrid podrá estudiarse en menos de un 5% de los centros; en la Comunidad Valenciana no se ofertará hasta el año siguiente; y en Andalucía, los directores calculan que llegará como mucho a uno de cada cuatro. En cualquier caso, Ayuso aclaró que su Gobierno, si el Supremo no acepta su recurso, cumplirá la ley y añadió que el currículo de Bachillerato "se realizó durante la pandemia y sin consenso a manos del Gobierno más débil en la democracia". Consideró que este currículo tiene una "alta carga ideológica y una gran falta de conocimientos" y reiteró que su decisión de recurrir este "atropello contra la educación" es útil porque sirve para que se abra un debate nacional.

Solo cinco comunidades: Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria, Asturias y La Rioja, que suman el 10% del alumnado, han instado a todos sus centros a ofrecerlo si la demanda supera determinado umbral de alumnos, e incluso en estas autonomías los directores son escépticos sobre su extensión final. ¿El principal motivo? El retraso en la aprobación de las normativas estatales y autonómicas que desarrollan la nueva ley de educación; la dificultad organizativa que el nuevo Bachillerato entraña para los institutos y el hecho de que todavía hay lagunas en esta norma.

La región gastará 50 millones de euros en renovar libros para el curso que viene

La Lomloe ha establecido hasta cinco tipos de Bachillerato frente a los tres que existían hasta ahora. Se mantienen las modalidades de Ciencias y Tecnología y la de Ciencias Sociales y Humanidades; la rama artística se divide en dos, con una más plástica y otra dedicada a la música y las artes escénicas, y se crea el Bachillerato general, que incluye materias de ciencias y letras. En este itinerario, los alumnos tendrán que estudiar, además de las materias comunes a todos los estudiantes de Bachillerato, una nueva asignatura llamada Matemáticas generales en primero de Bachillerato y otra denominada Ciencias generales en segundo.

Gasto en libros de texto

Nada parece salirle bien a la Comunidad de Madrid con respecto a la educación. El cambio en la ley de Educación le va a costar un incremento importante de la inversión para adquirir libros de texto el próximo curso. Concretamente, casi doblará la cantidad prevista para cada año y se acercará a los 50 millones de euros. Esto se debe a que el Programa Accede, de préstamos de libros de texto, contempla la renovación cada cuatro años. Sin embargo, este año, debido al cambio de ley, será necesario renovar el conjunto de los textos. El recurso que ha presentado el Gobierno regional pide como medida cautelar suspender el decreto de Bachillerato e iniciar el curso con libros que se han utilizado este año.

La Asociación de Editores de Libros y Contenidos Educativos (Anele) señaló que tiene la obligación de plasmar los contenidos escolares de acuerdo con la ley. Desde Anele insisten en el poco plazo de tiempo en el que tienen que elaborar los nuevos materiales. "La tardanza en la publicación, primero de los Reales Decretos y, en segundo lugar, de los Decretos autonómicos, ha hecho que la labor de las empresas se haya realizado en una situación diferente de la habitual". Las empresas editoriales han hecho hincapié en que "están haciendo enormes esfuerzos, tanto económicos como de carga de trabajo, para facilitar que el inicio del próximo curso pueda desarrollarse con libros y materiales adaptados a la nueva Ley".