La Generalitat obliga a los colegios a desobedecer a la Justicia

"Imposibilidad legal de ejecutarla". Este ha sido el argumento con el que el Govern defendió su postura de no aplicar esta semana la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), cuyo plazo acabó el pasado martes. Dicha sentencia obliga a la Conserjería de Educación a que todo el sistema de enseñanza el español tenga una representación mínima del 25%. Además, debe haber una asignatura troncal análoga en este idioma.

El apoyo en el que se sustenta esta decisión se encuentra en el artículo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, debido al nuevo decreto creado por el Govern y, aprobado el pasado lunes, que señala directamente la "inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas". Este texto solo reconoce el catalán como lengua vehicular y explicita que las escuelas que no cumplan con estos preceptos deberán "adecuarse" a ellos.

En este punto, los centros educativos se encuentran entre la espada y la pared. No solo se busca incumplir la sentencia, sino que también se contempla suprimir esta cuota de español de todas las aulas donde ya se aplicaba. En esta línea, el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, envió un escrito a los colegios e institutos para darles indicaciones claras de cómo impedir el bilingüismo y de qué forma revertirlo en aquellos que lo han empezado a aplicar. De esta forma, Cambray se asegura que los proyectos lingüísticos de cada centro no apliquen el 25% de español si quieren que la Conserjería valide sus proyectos antes del inicio del próximo curso.

De nada sirve repetir que esta sentencia es firme desde 2021, la Generalitat ha comenzado una estrategia de busca y captura en la comunidad educativa hacia aquellos rebeldes que no les defiendan para asegurarse de que todo va en consonancia con sus necesidades. De esta forma, la Conserjería de Educación ha comenzado a enviar instrucciones a los centros educativos e informar del nuevo marco normativo. Las instrucciones incluyen una encuesta de siete preguntas a las que los directores tienen que contestar obligatoriamente con un "sí" o un "no" para que el departamento autonómico valide los proyectos lingüísticos.

La cuestión más llamativa a la que deberán responder los directores es la que afecta directamente al 25% de español: "¿El proyecto lingüístico evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas?. Contestar "no" a esta pregunta supondrá la nulidad total del proyecto lingüístico. Entre las otras seis preguntas se encuentran: "¿El proyecto lingüístico prevé que el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje?", "¿el proyecto lingüístico prevé que el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado" o "¿el proyecto lingüístico prevé un uso curricular y educativo tanto del catalán como del castellano?".

Conflicto en Madrid

La educación parece ser el centro de la diana en España. Si Cataluña atraviesa una importante crisis educativa, en la Comunidad de Madrid las cosas no acaban de mejorar, de hecho, la guerra no ha hecho más que comenzar.

La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, anunció esta semana que su Gobierno autonómico revisará de "forma pormenorizada y urgente" el contenido de los nuevos libros de texto para el próximo curso 2022/23 a través de un plan especial que llevará a cabo el Servicio de Inspección Educativa autonómico. El objetivo, según dice, es evitar el "adoctrinamiento" en las aulas a través de este material escolar, tal y como se desprende de los borradores del curso que viene tras la entrada en vigor de la ley educativa estatal Lomloe.

De esta forma, Ayuso ordenará a la Inspección Educativa que solicite la retirada de todos aquellos libros "que contentan material sectario", como es el caso de la eliminación de algunos conceptos de la asignatura de Historia de Bachillerato por su "carga ideológica", que ya amenazó con suprimir hace unas semanas.