El PSC pacta con los independentistas para eliminar el castellano de las aulas

En tiempo de descuento. Tras dos semanas intensas de negociación y con un primer documento frustrado por el desmarque de Junts per Catalunya, este martes llegó el acuerdo definitivo entre la gran mayoría parlamentaria que forman PSC, ERC, Junts y comuns para enfrentarse a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a que, antes del 31 de mayo, el castellano sea utilizado como lengua vehicular en al menos un 25% de las horas escolares. El Parlament ha hecho historia en un pacto llamativo por incluir tanto partidos independentistas como no independentistas que buscan un consenso. Lo más llamativo es la presencia del PSC en este acuerdo, que deja de defender así el español como lengua de aprendizaje.

El texto dispone de dos artículos y tres disposiciones adicionales y establece que el catalán es normalmente la "lengua vehicular y de aprendizaje" en el sistema educativo. A continuación, se indica que el castellano lo es en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro en función de una serie de criterios, entre los que se encuentran que "la enseñanza y el uso curricular y educativo de las dos lenguas estén garantizadas"; que la presencia de las lenguas tenga en cuenta la situación sociolingüística y que los proyectos se adecuen a lo que se indique en el Departamento de Educación.

En el registro de la proposición de ley, se ha pedido que se tramite por el procedimiento de lectura única y por urgencia extraordinaria, de manera que podría aprobarse en el pleno de esta semana y lograr así que el Parlament pueda dar luz verde a esta iniciativa antes de finalizar el plazo fijado por el TSJC.

Sin embargo, lejos de aclarar la situación que lleva arrastrando la comunidad educativa catalana durante los últimos meses, esta norma parece complicarla más, sobre todo a la hora de interpretarla. PSC no tiene ninguna duda de que la norma establece el español como lengua vehicular, en tanto que fija para ella y para el catalán el carácter de lenguas "curriculares" y "educativas", lo que para este grupo es sinónimo de lengua de aprendizaje y de lengua vehicular. Una postura totalmente contraria a la que defienden los responsables de ERC, Junts y comunes, que consideran que con la ley se "blindará" la inmersión lingüística tal y como se aplica ahora, es decir, sin límites para que el catalán tenga una presencia del 100% en las aulas y el español quede como algo "residual".

El 31 de mayo finaliza el plazo para aplicar la sentencia del 25% por orden del TSJC

Desde el Gobierno, la estrategia no parece estar tan clara. La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, se defendió ayer de las acusaciones del PP por ponerse "de lado de los separatistas" y aseguró que su departamento colaborará para que se cumpla la última palabra del TSJC.

La Conselleria de Educación de la Generalitat ha pedido a los centros educativos catalanes que no cambien la organización curricular si reciben correos de entidades, grupos o asociaciones que les "presionen" para aplicar el 25% de castellano dictado por el TSJC. En el momento en que entre en vigor la nueva ley y se publique en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), los directores de las escuelas y los institutos de la comunidad deberán adaptar sus proyectos lingüísticos, que serán "verificados" por la Conselleria de Educación, que asume de esta manera toda la responsabilidad judicial en caso de impugnaciones legales.

A pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo para tumbar la sentencia del TSJC, el propio Aragonès admitió que sus maniobras "no garantizan al 100% que el Govern no tenga que acabar acatando". De hecho, Escuela de Todos ha asegurado que esta proposición de ley "no impedirá la ejecución" de la sentencia y ha lamentado que el acuerdo no haya "adaptado de una manera clara y diáfana la ley al modelo del bloque constitucional que obliga a reconocer como lenguas vehiculares a las tres lenguas oficiales de Cataluña: catalán, español y aranés".

En la misma línea se sitúa la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB) que manifestó que "es una ley confusa y hecha de manera atropellada que no impedirá que el castellano sea lengua vehicular porque debe interpretarse conforme a la Constitución".