PSC, ERC, Junts y comuns impulsan una proposición de ley en defensa del catalán frente a la sentencia del 25%

Los grupos parlamentarios de PSC-Units, ERC, Junts y los comuns han presentado este jueves una proposición de ley para modificar la Ley de Política Lingüística para asegurar el dominio de las lenguas oficiales con el catalán como "centro de gravedad" del sistema educativo.

Esta propuesta llega un día antes de que el Govern deba dar respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a ofrecer un 25% de la enseñanza en castellano.

Fuentes de los grupos impulsores han asegurado que esta proposición, que piden que sea tramitada por lectura única, actualiza su consenso sobre la defensa del catalán en las escuelas y mantiene esta lengua como "centro de gravedad" de la educación en Cataluña.

En un comunicado conjunto, han defendido que esta iniciativa es "un paso más para actualizar el consenso político y social alrededor del modelo língüístico de la escuela", y han defendido su voluntad de construir un modelo que promueva la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la normalización del catalán y el aranés.

Han destacado que la modificación pone énfasis en que los proyectos lingüísticos se basarán en los resultados de evaluaciones del alumnado en las lenguas oficiales, a partir de la autonomía de los centros.

El PSC, ERC, Junts y los comuns han registrado conjuntamente esta iniciativa después de que la CUP registrase este miércoles otra proposición de ley que apuesta por modificar el artículo 14 de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) para que el catalán sea la única lengua vehicular.

Modificaciones

El texto presentado propone ampliar el artículo 21 de la Ley de Política Lingüística, que actualmente defiende que "el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente empleada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo".

Con esta proposición de ley, los grupos proponen añadir a este artículo que "también se emplea el castellano en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro", manteniendo que el catalán es la lengua normalmente empleada como vehicular.

En el redactado también incluye que la determinación de la presencia de las lenguas oficiales debe tener en cuenta "la situación sociolingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los instrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas".

También recoge que, para determinar el alcance de la presencia de las lenguas oficiales, "se incluirá, desde un abordaje global e integrador, los recursos de aprendizaje", incluyendo los de carácter digital y los usos lingüísticos del alumnado en el aula y en el centro educativo.

La actual norma fija que no se puede expedir el título de graduado en educación secundaria a ningún alumno que no acredite que tiene los conocimientos orales y escritos de catalán y castellano propios de esta etapa, y la proposición de ley añade que será "sin prejuicio de lo que establezca la normativa educativa".

"Rehacer el consenso"

Fuentes de los grupos parlamentarios promotores han asegurado que este acuerdo "rehace el consenso que había en torno al sistema lingüístico", y busca garantizar el pleno dominio del catalán y del castellano --el aranés en Aran-- al terminar la educación obligatoria.

Así, la norma "pone el foco en el dominio final de las lenguas" y tiene en cuenta la realidad sociolingüística de cada centro, descartando fijar porcentajes, según los grupos impulsores, que suman 106 diputados de los 135 de la Cámara.

Sobre el decreto de régimen lingüístico que el Govern anunció el martes, las mismas fuentes han asegurado que se trata de dos iniciativas complementarias, y que una parte de la acción del Ejecutivo, mientras que la otra es fruto de un acuerdo político entre fuerzas parlamentarias.

Fuentes socialistas han desvinculado este acuerdo de la sentencia del 25% de castellano y han defendido el papel que ha tenido en este acuerdo las jornadas sobre el consenso lingüístico que organizó la Fundació Rafael Campalans, afín al PSC, mientras que otras fuentes han asegurado que el Govern lleva meses trabajando en este asunto.