El Govern desobecede al Supremo y encuesta a niños sobre el uso del español

Ni un paso atrás. Así de amenazante se presenta una semana más el Govern de Pere Aragonès, que no está dispuesto a llevar a cabo ningún cambio en materia lingüística y va a dejar que el catalán siga en el centro del sistema educativo. El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha defendido este modelo y aseguraba que no trasladará "ningún tipo de responsabilidad" a los maestros tras la resolución del Tribunal Supremo (TS) que obliga a ofrecer un 25% de la educación en castellano en Cataluña.

Mientras que la ministra de Educación, Pilar Alegría, apuntaba ayer en la sesión de control del Gobierno que confiaba en que la Generalitat catalana "actúe de manera responsable", la Comisión de Educación del Parlamento de Cataluña rechazaba una propuesta de resolución que instaba al Govern a "dar cumplimiento a las resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña". Únicamente la portavoz del PSC, Alícia Romero, que defiende firmemente el sistema de inmersión lingüística, aceptó revisar este modelo siempre y cuando se mantenga que el catalán debe seguir siendo lengua vehicular y se dé autonomía a los centros para que ajusten sus planes lingüísticos.

Si la semana pasada salió a la luz la medida del Govern de enviar espías a las clases en las que se sospechase que el castellano es protagonista, esta vez, según fuentes de El Mundo, se ha instado a los colegios catalanes a que sus alumnos de quinto de primaria y tercero de ESO respondan en clase a una encuesta elaborada por el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo de Cataluña, en la que se pide a los escolares aclarar qué idioma usan en el colegio. Ha sido el propio Gonzàlez-Cambray quien indicó a las direcciones de los centros educativos que podían someter a los niños al cuestionario sin necesidad de contar con permiso de sus padres.

Por su parte, la secretaria de Transformación Educativa de la Generalitat, Núria Mora, fue la responsable de poner sobre aviso a los colegios en una reunión telemática con los más de 3.000 directores que habían sido citados. La idea es avanzar con el Plan de Promoción de la Lengua Catalana en los Centros Educativos, el proyecto anunciado recientemente por la Generalitat para certificar una aplicación férrea de la inmersión tras detectar un descenso del uso del catalán en los centros, según sus datos.

En este test, que ya están recibiendo los centros, se pide a los alumnos precisar qué idioma hablan sus compañeros en el aula, con el profesorado dentro y fuera de la clase, cuando juegan en el patio, cuando están en el comedor, cuando realizan alguna actividad deportiva y también cuando hablan con sus amigos fuera de la escuela. Además, piden a los alumnos que indiquen en qué idioma reciben cada una de sus asignaturas. Por consiguiente, se trata de una forma más eficiente para poder identificar a los maestros que impartan sus materias en castellano, en lugar de en catalán, como dicta la inmersión lingüística.

Comienzan las denuncias

La polémica solo acaba de empezar. Y es que la entidad Hablamos Español ha sido la primera en denunciar al consejero de educación ante la Fiscalía por un supuesto delito de prevaricación. Todo esto después de que este dirigente pidiera a los directores de los centros educativos que desobedezcan y no den más clases en castellano pese al fallo de la Justicia.

Por su parte, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) presentó otra denuncia ante la Alta Inspección educativa tras tener conocimiento de la "encuesta sobre derecho y usos lingüísticos de los niños y adolescentes en Cataluña". En ella, señala que "los alumnos son menores de 16 años y no se ha solicitado el permiso a sus tutores para participar en la encuesta" por lo que consideran que "el Departamento de Educación y el Síndic están utilizando a los menores para realizar un estudio encubierto de la lengua vehicular de la escuela catalana e identificar al profesorado que utilice el castellano en su docencia".