Castells asigna a las universidades públicas casi 362 millones de euros

Los tiempos han cambiado. Probablemente esa es la frase más repetida desde que la covid se repartió colonizando cada ámbito estructural de las sociedades actuales. El sector educativo también se ha visto afectado ante una situación para la que no estaba preparado.

La falta de presencialidad ha trasladado los roles docente-alumno a un plano telemático. Y, aunque el uso de tecnología en las aulas está cada vez estaba más extendido, por la evolución de las metodologías enseñanza-aprendizaje a unos niveles cada vez más familiarizados con Internet, no se encuentra el sistema preparado para hacer frente al nuevo contexto.

Tanto alumnos como profesores han tratado de paliar los efectos de una pandemia que ha transformado la forma de aprender, de comunicarse y de desempeñar las tareas ligadas al estudio, mientras se hacía visible la escasez de recursos de las universidades públicas.

Ante esta problemática derivada del coronavirus, el Ministerio de Universidades, ha aprobado el Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, por el que mediante concesión directa se repartirán 361,56 millones de euros a las universidades públicas.

La convocatoria, ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y publicada en el BOE (Boletín Oficial del Estado) de 22 abril, se encuadra en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del ministerio titulado, ''Modernización y digitalización del sistema educativo''.

El plan, diseñado acorde a las propuestas provenientes del Consejo Europeo, persigue dos objetivos: la recualificación del sistema universitario y la modernización y digitalización del mismo.

Recuperación europea del coronavirus

El texto, publicado en el BOE por Universidades, aclara que ''estas medidas aúnan el futuro marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado y la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU)'' con el fin de apoyar a los Estados Miembros de la Unión Europea en su recuperación tras la crisis de la COVID-19''.

Bruselas anunció, el pasado octubre, la partida presupuestaria de los fondos para sobreponer a España de los efectos de la pandemia, alcanzando la cifra de 70.000 millones de euros. A través de la Oficina Económica de La Moncloa se pidió a los distintos ministerios que planteasen propuestas en qué invertirlos.

La respuesta del ministerio de Universidades fue presentar un plan para llevar a cabo una reforma casi integral del sistema de universitario mediante la digitalización, formación y reciclaje del profesorado y resto de funcionariado de las universidades.

Este instrumento supondrá para España aproximadamente ''unos 140.000 millones de euros en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-2026'', según el RD, de los cuales, 361'56 millones serán concedidos en concepto de subvenciones a las universidades públicas para el periodo de 2021-2023.

Cuantía a la que sumarán 128 millones de euros a la convocatoria de becas para el próximo curso 2021-2022, como forma de coadyuvar a los estudiantes que han sido afectados por una bajada en las rentas a causa de la pandemia, que anunció el pasado abril el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

El Ejecutivo continuará con la reforma del Sistema Estatal de Becas y Ayudas al estudio que, desde el departamento que capitanea la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha subrayado que es ''una de las prioridades'' del Gobierno y cuyo objetivo es que ''lleguen a los estudiantes que más las necesitan, garantizando su acceso y permanencia en el sistema educativo''.

Beneficiarios de las ayudas

Estas subvenciones, repartidas entre 47 universidades, tienen como objetivo que se destinen a la formación de mínimo de 2.521 profesores tanto funcionario como contratado, en tres modalidades distintas, para su recualificación. Así como servirán para fomentar la movilidad de su personal docente e investigador, la preparación de jóvenes doctores -denominadas ayudas Margarita Salas- y la atracción del talento internacional -ayudas María Zambrano-.

Por tanto, son tres tipos de ayudas. La primera, aquella que va destinada al profesorado titular, al contratado y al ayudante doctor que debe haber prestado servicio un máximo de diez años. Para acceder a esta prestación, los solicitantes tienen que cumplir como requisito, solicitar la incorporación en una universidad o centro de investigación distinto al suyo. La cuantía de la ayuda será en equivalente a su sueldo actual, al que se le sumará un 20% de prima por movilidad. En cuanto a la duración, para el profesorado permanente será de uno, dos o tres años y, para los ayudantes doctores de uno o dos años.

En cuanto a las ayudas a la movilidad o ''Margarita Salas'', de los docentes e investigadores. Estas son para aquellos que hayan obtenido el título de doctor como límite los dos últimos años antes del cierre de plazo de presentación de las solicitudes. La cuantía será una mensualidad de 2.800 euros brutos para los que continúen en España y de 3.500 euros brutos en aquellos casos en los que hayan solicitado estancia en el extranjero. La duración de las estancias en ambos casos es de dos o tres años.

Las ayudas al desplazamiento existieron por un periodo de 20 años hasta que fueron condenadas a su desaparición a raíz de la crisis económica de 2008. Se llevó a cabo la tentativa de recuperarlas, con los Presupuestos Generales del Estado de 2019, incluyendo una partida de 6 millones de euros para motivar de nuevo las estancias de doctorados e investigadores pero, al no ser aprobado, quedaron en un intento.

El tercer tipo son las ayudas que tienen como objeto atraer de talentos tanto nacionales como internacionales, denominadas ''María Zambrano''. Estas están dirigidas al personal investigador que debe contar con una trayectoria posdoctoral acumulada no inferior a dos años, desarrollada en centros de I+D y universidades españolas o extranjeras diferentes a las que se defendió la tesis doctoral. La cuantía de la ayuda serán 4.000 euros brutos mensualmente y que puede tener una duración entre uno y tres años.

Reparto entre las universidades

De la totalidad del dinero asignado, dos tercios -algo más de 200 millones de euros- se repartirán entre las 22 universidades de Cataluña, Madrid y Andalucía. Estas autonomías son las que más población universitaria pública reúnen por lo que las seis universidades madrileñas recibirán 71'8 millones, las nueve andaluzas casi 64'9 y las siete catalanas 64'88.

Una inversión que el ministerio razona ''por la naturaleza pública de sus beneficiarias, como por su objeto, responde a un interés público, económico y social''

Otras universidades como la de Salamanca recibirá un total de 9.070.476 euros durante el período 2021-2023 para invertir en la recualificación de su PDI (Personal Docente e Investigador), siendo la que más financiación recibirá entre las universidades de Castilla y León, seguida de la Universidad de Valladolid, con 6.524.317 euros, la Universidad de León, con 3.072.180 y la Universidad de Burgos, con 1.989.462 euros.

Ante la magnitud del plan, la partida correspondiente de cada universidad será gestionada por las mismas

Una inversión que el ministerio razona ''por la naturaleza pública de sus beneficiarias, como por su objeto, responde a un interés público, económico y social'' en beneficio de la mejora del sistema educativo universitario en España.

Las universidades asignarán las ayudas

En el anuncio, previo a la publicación del BOE, el ministro de Universidades, Manuel Castells expresó su deseo de que las ayudas se prologarán más allá del 31 diciembre de 2023 que es la fecha límite para su ejecución. Cuestión que no depende del ministro, sino que se establece para no rebasar el margen de la actual legislatura: "Vamos a hacer el máximo con lo que tenemos. Un joven doctor que pasa dos o tres años en un centro de alto nivel pudiendo enteramente dedicarse a su formación es futuro ya. La recualificación es futura ya", afirmó Castells.

Ante la magnitud del plan y con los ajustados tiempos con los que cuenta Universidades, la partida correspondiente de cada universidad será gestionada por las mismas. Tendrán que asignar las ayudas cumpliendo con un objetivo mínimo que establece el RD y que se debe conceder hasta el fin del plazo, a finales de 2023.

Este objetivo varía en función del tamaño de la universidad y de la cuantía que perciba. La Universidad de La Rioja cuenta con una partida de 1,5 millones de euros, lo que se traduce que mínimo tendrá que hacer una concesión de 10 ayudas. Respecto a la Universidad Complutense de Madrid, que recibirá 25,5 millones de euros, tendrá que conceder un mínimo de 180 ayudas para cumplir con el objetivo exigido.

Según la publicación del BOE ''la a distribución y la asignación de este importe se realizará mediante criterios objetivos'' que establecen en función ''del número de personas que han obtenido el título de doctor o doctora en cada una de ellas en los años 2017, 2018 y 2019''. Así como otro de los requisitos será también ''el número de personal docente e investigador equivalente a tiempo completo que desempeñaba sus funciones en las mismas en el curso 2019-2020''.

Un marco novedoso de ayudas que se espera sirva para mejorar la calidad del servicio público que se presta desde las universidades y con ello garantizar el derecho a la educación.