La educación inclusiva española, suspendida por Naciones Unidas

La educación inclusiva ha sido protagonista indiscutible del panorama político español de los últimos meses. La preocupación por su situación se incrementó desde que el Comité de Naciones Unidas sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad insistiera en que España mantiene la segregación de los alumnos con discapacidad en el sistema educativo. Según la ONU, a principios de marzo, este país no había avanzado lo suficiente en lo que se refiere al derecho a una educación inclusiva de calidad para todos, a pesar de que en el año 2016 este mismo organismo advirtiera de que la existencia de dos modelos educativos separados suponía una vulneración de los principios de la convención.

Este aviso provocó que los principales partidos políticos tomaran cartas en el asunto y se comprometieran a adaptar la educación inclusiva a los términos que exigen desde la ONU. En el último encuentro organizado por Plena Inclusión, el diputado del PSOE y presidente de la Comisión del Congreso de Políticas Integrales de la Discapacidad en la anterior legislatura, Joan Ruiz, aseguró el compromiso del futuro Gobierno de Pedro Sánchez "a la hora de adaptar la legislación española a las recomendaciones de la Convención de Naciones Unidas", lo que define como "avanzar en la educación inclusiva".

No ha sido el único miembro de este partido político en manifestarse a favor de llevar a cabo las medidas necesarias, la ministra de Educación y FP en funciones, Isabel Celaá, anunció el pasado mes de noviembre que su departamento sacará adelante un Real Decreto donde se recogerán las medidas necesarias para garantizar el derecho a la educación inclusiva de personas con discapacidad.

Isabel Celaá apuesta por una mayor formación del profesorado

La ministra destacó que este Real Decreto recogerá "lo estipulado por la Convención de Naciones Unidas" y que su intención es "armonizar las distintas normas y actuaciones puestas en marcha por las comunidades autónomas". Explicó que las medidas que se van a llevar a cabo parten de un estudio detallado de algunas regiones españolas y de varios países europeos, como es el caso de Portugal, una región que ha avanzado mucho en la materia de la educación inclusiva. Además, añadió la necesidad de dotar con más recursos a los centros educativos y conseguir una mayor flexibilización del currículum.

Elección de centros

Uno de los aspectos clave que supondría la total mejora de la educación inclusiva en España es la formación del profesorado. Celaá considera necesario promover "una actitud favorable hacia la educación inclusiva entre todo el profesorado, pero solo será posible si estos se sienten preparados".

En este punto, estuvieron de acuerdo todos los representantes políticos que acudieron al encuentro organizado por Plena Inclusión. Sandra Moneo, portavoz parlamentaria adjunta del PP, pidió un grado universitario concreto de Educación Especial. Desde su punto de vista, no tiene ningún sentido que por el hecho de que un niño vaya a un centro de educación especializada se considere que está segregado, ya que "con su familia y en el resto de la sociedad lleva una vida normal". Por ello, durante el encuentro, defendió "un sistema plural, para que los padres puedan elegir entre ordinaria y especial".

En la misma línea, Rocío de Meer, diputada de Vox, defendió el derecho de los padres a elegir el centro de escolarización y agregó que "dentro de la discapacidad hay un abanico amplísimo de tipos, con lo que se debe estudiar el caso de cada niño en concreto".

Desde el punto de vista del partido político Ciudadanos, en palabras del senador Tomás Marcos, "las familias tienen el mismo derecho a elegir la educación ordinaria con apoyos que la específica".

No obstante, Ruiz apuntó a que la mayoría de los familiares con hijos con discapacidad no puede elegir el centro al que llevarlos "bien por motivos económicos, bien por la inexistencia de centros apropiados en su entorno, bien por dictámenes de la Administración".

Desde el punto de vista de Plena Inclusión, Amalia San Román, responsable de Educación de Plena Inclusión, considera que "es necesario una apuesta decidida por integrar en la futura reforma educativa los principios básicos de la educación inclusiva", lo que implicaría tener en cuenta la experiencia y la riqueza de los centros de educación especial.