La empresa pública Mercasa controla el 65% de la compraventa de frutas y hortalizas en España

La empresa pública Mercasa, controlada por la Sepi y el ministerio de Agricultura, canaliza más del 65% de la compraventa de toda las frutas y hortalizas que se consumen en España. Pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado públicamente a los supermercados de los bajos precios que se pagan en el campo, pidiéndoles autocrítica al respecto, es en realidad esta compañía la que mayor responsabilidad tiene en la formación de precios en el conjunto de la cadena alimentaria, especialmente en el escalón mayorista de productos fresca.

De hecho, gran parte de su crecimiento, según admite la firma, obedece al "regreso a los Mercas de las grandes cadenas de supermercados e hipermercados para abastecerse de producto fresco, después de años desarrollando sistemas y plataformas propios para su suministro".

Y no se trata solo de las frutas, verduras y hortalizas porque Mercasa canaliza también casi un 55% de los pescados y mariscos y alrededor de un 40% de las carnes. Son unos porcentajes que, según explica la sociedad pública, "reafirman el papel estratégico de los Mercas como canal de suministro de productos perecederos".

En la presentación en su web, Mercasa no oculta el papel que juega en la formación de los precios de venta al público, manifestando que "participa desde sus orígenes en todos los Observatorios relacionados con precios o funcionamiento en general de la cadena alimentaria, mesas sectoriales o cualquier otro foro de análisis y seguimiento de la actividad relacionada con la producción, la comercialización y el consumo alimentario".

Una red con 3.100 mayoristas

En la red de Mercas operan unas 3.100 empresas mayoristas y de servicios complementarios, que venden 7,6 millones de toneladas de alimentos y facturan en total 13.500 millones de euros anuales. Frente al poder que tienen por lo tanto en la comercialización de los productos agrícolas, los supermercados y las grandes superficies apenas venden el 7% de la fruta, verdura y hortaliza que se produce en España, acabando la gran mayoría en los mercados internacionales.

En la formación de los precios influyen, no obstante, varios factores. De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura y el sindicato agrario Coag, mientras que la producción es responsable del 28% del coste, la comercialización en origen representa otro 7%, el envasado un 39%, la comercialización en destino un 9% y la venta en tienda el 17%.

Pese a la participación de Mercasa en el proceso, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró ayer que "los agricultores protestan con justicia en muchos casos" y hace falta determinar los márgenes de maniobra en cada punto de la cadena.

En declaraciones a la prensa, Planas instó a conocer "exactamente con qué margenes actuales funciona" cada una de las partes en un intento de hacer más transparente el proceso de formación de los precios. El ministro admitió, no obstante, que la situación no es igual en todos los productos y mencionó así el aceite de oliva y las frutas y hortalizas como los que "en estos momentos atraviesan una situación más complicada".

Además, recordó el papel de la industria, la distribución y los consumidores en la fijación de los precios de los alimentos, "cuyo tobogán debería de alguna forma atenuarse", para evitar que se produzcan grandes oscilaciones. En cualquier caso, y aunque Planas intenta transmitir tranquilidad, las principales organizaciones agrarias del país (Asaja, COAG y UPA) han convocado este mes movilizaciones en distintos puntos de la geografía para protestar contra los bajos precios agrícolas, a lo que el ministro ha respondido, por ahora, con una ronda de contactos con distintos actores y promesas para reformar la Ley de la cadena alimentaria.

Venta a pérdida

Una de las intenciones del Gobierno es la prohibición de forma total de la venta a pérdida, pero una medida como ésta choca con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Y es que en octubre de 2017 el tribunal dictaminó que la legislación española, que impedía hasta entonces al comercio vender por debajo de costes de forma general, no se ajustaba al derecho comunitario, lo que dificulta al máximo que se pueda volver a aprobar ahora una normativa en este sentido.

En 2005, la directiva europea estableció de una forma clara y precisa cuáles son las prácticas desleales en las relaciones comerciales, y que pueden, por lo tanto, prohibirse de un forma generalizada sin necesidad de un examen previo. El problema es que ese listado, con un total de 31 prácticas irregulares, no incluyó en ningún momento la venta a pérdida, que estaba prohibida en España desde el año 1996 por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista con carácter general.