Atrapados por la compra de una vivienda sobre plano

Antes del boom inmobiliario, pocas eran las promotoras que no entregaban las promociones de vivienda en el plazo convenido. Sin embargo, todo cambió tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, año en el que el sector inmobiliario comenzó a convertirse en un cementerio de promociones pendientes de entrega. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Inmobiliario

No sólo la mayoría de los promotores habían sido poco diligentes o actuaron de mala fe y cayeron en bancarrota, sino que las construcciones padecieron la corrupción urbanística y se levantaron en suelos sin licencia para edificar. Algunos ejemplos pueden verse en la Costa del Sol, Costa Blanca, Islas Baleares y Canarias, donde promotoras como Fuerturis 2000 S.L., Aifos o Promociones Inroal S.L. dejaron tras de sí miles de propietarios inmersos en la desesperación durante años: sin dinero y sin vivienda.

Se estima que, tras la crisis inmobiliaria, unas 600.000 personas, tanto nacionales como extranjeros, especialmente de países como Reino Unido y Alemania, no recibieron nunca las llaves de su vivienda, llegando a perder, de media, entre 40.000 y 50.000 euros de sus ahorros por la compra de su vivienda principal o de su segunda residencia. A pesar de las demandas de los afectados amparándose en la Ley 57/1968 -que establece que en el caso de que una promotora incumpla el plazo de entrega de una vivienda, los compradores tienen derecho a recuperar todo el dinero adelantado más un 6 por ciento de intereses anuales-, los futuros propietarios no pudieron recuperar su dinero. Principalmente por dos razones: una porque las constructoras, la gran mayoría de ellas en situación de quiebra, no pudieron hacer frente a las reclamaciones; y dos, por no quedar claro en la jurisprudencia cuál era la responsabilidad de los bancos ante esta situación.

Sin embargo, todo cambió a finales de 2015 cuando una sentencia del Tribunal Supremo reafirmó el argumento que en su día defendían los afectados: el banco debía asegurarse de que la promotora abriera una cuenta especial para los depósitos de los compradores, distinta a otras con las que operara la compañía. Muchas promotoras no cumplieron esa exigencia y los afectados ingresaron, en la mayoría de los casos, las cantidades aportadas en la cuenta bancaria de la promotora, pero al cerrar ésta antes de la entrega de las viviendas, ese dinero quedó en tierra de nadie y los bancos se lavaron las manos, obviando su responsabilidad por permitir esa práctica.

Reclamaciones

Desde entonces, los despachos de abogados han liderado numerosas reclamaciones de estos depósitos para la adquisición de viviendas no entregadas, lo que ha desembocado en una avalancha de compensaciones a los compradores por parte de los bancos y cajas que en su día debieron garantizar la devolución.

Los tribunales han dado la razón a los cooperativistas y compradores afectados por la compra sobre plano en decenas de sentencias. Sin embargo, a pesar de las garantías de la norma y la interpretación favorable hacia ellos, algunos han encontrado serias dificultades para recuperar el dinero, aunque su devolución debía estar garantizada. Por ello, todavía son muchos los que se plantean si vale la pena o no presentar una reclamación. Las cifras hablan por sí solas: en el 99% de los casos, los afectados recuperan todo su dinero, que, de media, se estima que se sitúa en unos 60.000 euros, incluidos los intereses.

Uno de estos afectados recurrió a nosotros y conseguimos ganar una sentencia contra el Banco Santander. Nuestro cliente estaba a punto de perder el dinero invertido en un inmueble, y recuperamos más de 2 millones de euros entre el dinero que había depositado y los intereses legales. Ahora, meses después, disfruta de su nueva vivienda, una compra que realizó asesorado por el equipo de especialistas para evitar futuros problemas similares.

Otro ejemplo lo encontramos en la urbanización Valle Romano en Marbella, que quedó desértica tras la marcha del promotor, quien dejó a numerosas familias sin vivienda y sin dinero. Gracias al trabajo de nuestros colaboradores, cientos de afectados consiguieron recuperar sus depósitos.

Lo más importante que deben saber los afectados que se decidan a presentar una reclamación deben saber que, si se trata de una vivienda adquirida antes del 1 de enero de 2016, disponen de dos años para emprender las acciones correspondientes antes de que prescriban. En caso de que lo hubieran hecho con anterioridad al 31 de diciembre de 2015, la presentación de cualquier reclamación deberá hacerse antes del octubre de 2020, si no, también prescribirá.

Claves para tener éxito

Para asegurar el éxito de las acciones emprendidas, bastará con poder demostrar tres cosas: la relación contractual con el promotor, que la propiedad nunca fue entregada en el plazo establecido en el contrato y, por último, que se han realizado los ingresos en una cuenta bancaria abierta por el promotor en una entidad bancaria. Para ello, cualquier afectado deberá aportar el contrato de compraventa del inmueble, los justificantes de los ingresos realizados y el justificante del incumplimiento de la promotora de la entrega del inmueble en el plazo convenido. Una vez que disponga de la documentación, existen dos vías de presentación de la reclamación: de forma extrajudicial directamente en la entidad bancaria, aunque prácticamente es una vía inútil ya que en la actualidad sólo se resuelve entre un 2 y un 3 por ciento de los casos, o por vía judicial.

Ningún comprador debe dar nada por perdido ya que la Ley está a su favor. Lo más aconsejable es acudir a un abogado especialista en estos temas que no sólo se encargue de todos los trámites necesarios, sino que además sea capaz de resolver cualquier tipo de duda que le pueda surgir al afectado durante el proceso, que puede llegar a alargarse hasta dos años. Sin embargo, para evitar llegar a este punto, si se opta por invertir en una vivienda sobre plano, la clave es estar asesorado por un especialista. Es vital analizar varios factores como, por ejemplo, el estado de liquidez de la promotora o la viabilidad. Es el momento de que los afectados luchen por recuperar lo que nunca debieron perder.

Dimas Cuesta, CEO de Legalbono.