El 24% de los pisos turísticos que se ofrecen en Internet son ilegales

El sector hotelero se encuentra en plena batalla contra las plataformas online que ofrecen viviendas vacacionales. Este tipo de ofertas llevan años en el mercado, sin embargo, el crecimiento acelerado de plataformas como Airbnb o Homeaway, entre otras, ha encendido la señal de alarma en el sector.

Según se desprende de un informe de Exceltur, elaborado por EY, este tipo de páginas comercializan el 48% del total de la oferta de alojamientos turísticos urbanos en España, y el 40% en los diez destinos vacacionales con mayor oferta hotelera.

"Expresamente prohibido"

El problema radica en que al menos un 24% de esta oferta es ilegal, ya que según se detalla en el informe, este es el porcentaje de oferta de alquiler de habitaciones sueltas, algo que está "expresamente prohibido por la normativa de las seis comunidades autónomas (Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña y Madrid) que han regulado el fenómeno del alquiler de viviendas completas para uso turístico".

Es difícil calcular que parte exacta de esta oferta es ilegal, pero si existen casos concretos como en Barcelona, donde tan solo el 10% de las propiedades anunciadas estaban registradas en el registro turístico de la Generalitat y en la mayor parte de los casos, los anuncios publicados no incluían un número de registro, algo que es obligatorio según la normativa, según el informa.

Asimismo, en el caso de Madrid, destaca que la regulación impide la contratación de los alojamientos en viviendas por un periodo inferior a cinco días. Sin embargo, en el 96% de los casos se podía efectuar una reserva por un periodo inferior.

Por su parte, en Baleares la normativa impide el alquiler de viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal. A la fecha del análisis, se comercializaban más de 4.500 plazas en pisos en la ciudad de Palma a través de estas plataformas.

Economía sumergida

Precisamente esta es una de las reivindicaciones de los hoteleros, que denuncian el impulso de una importante economía sumergida a través de estas plataformas conocidas como P2P (peer to peer, de igual a igual), que defienden la economía colaborativa y que ya irrumpieron anteriormente en el sector de transportes con la ya famosa y polémica plataforma Uber.

En este sentido, el informe explica que las rentas anuales percibidas por los arrendadores particulares de estos alojamientos pueden ascender, aproximadamente, a 2.054 millones de euros anuales. Si ninguno de estos propietarios estuviera declarando los ingresos obtenidos, aplicando un tipo impositivo medio del 21%, "estaríamos ante un potencial fraude cercano a los 432 millones anuales".

Por otro lado, destaca que de no estar exentos estos arrendamientos entre particulares del pago del IVA (a diferencia de los establecimientos de alojamientos reglados, que si están sujetos al IVA) ello podría suponer cerca de 367 millones anuales de ingresos adicionales para las arcas públicas.

Además, el informe revela que la contribución diaria de estos alojamientos, en términos de renta y empleo es notablemente inferior a la de los establecimientos reglados. "El turista paga menos en el alojamiento y lo que se ahorra no lo gasta de más en el destino". Así, aseguran que los viajes asociados a la oferta de viviendas de alquiler genera una derrama económica diaria en destino un 84,8% inferior a la promovida por la oferta reglada (hoteles, hostales y pensiones, apartamentos turísticos y establecimientos de turismo rural). Concretamente, los usuarios gastan 20,3 euros menos en alojamiento, 16,7 euros menos en compras, restaurantes y ocio y genera un efecto arrastre de 31,2 euros menos.