Las inmobiliarias temen que el Gobierno no renueve la norma que evita su liquidación

El sector inmobiliario vive ahora uno de sus mejores momentos desde 2008, sin embargo, una decisión del Gobierno podría llevar a la quiebra a muchas empresas del ladrillo. El Ejecutivo tiene hasta el 27 de marzo para decidir si renueva o no el Real Decreto Ley que desde 2008 permite a las compañías aliviar sus balances, al no contabilizar como pérdidas el deterioro del valor de sus activos.

Esta decisión tiene en alerta a todo el sector, que piden un año más para poder sanear sus cuentas y obtener liquidez. Sólo quedan tres Consejos de Ministros y "las noticias que nos llegan es que el propio Gobierno no tiene claro todavía lo que va a hacer", explica Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Asprima, la patronal de los promotores inmobiliarios. "Viernes a viernes estamos pendientes de que no se de la cancelación definitiva de esta norma", asegura.

La actual normativa dispone que si el patrimonio neto está por debajo de los dos tercios del capital social (en el caso de las sociedades anónimas), y en el plazo de un año no se ha recuperado el equilibrio, la sociedad está obligada a disminuir capital en la cantidad que sea necesaria. Asimismo, se aplica a todo tipo de sociedades cuando el patrimonio neto queda reducido hasta situarse por debajo del 50% del capital social, lo que supone entrar en causa de disolución.

Modificar el capital social

Ante esta situación, sólo hay una solución posible para evitar la liquidación: modificar el capital social. Aunque el sector se encuentra en pleno despegue, con cientos de fondos internacionales dispuestos a invertir en el inmobiliario español, no es tan fácil para una pequeña o mediana empresa lograr una ampliación de capital. Para eso necesitarían algo más de tiempo, un año más para estabilizarse y poder sumarse al impulso que está suponiendo la llegada de inversión extranjera. "En los momentos de sequía de crédito que ha habido y de liquidez, ampliar capital es muy difícil", explica Gómez-Pintado.

"Muchísimas inmobiliarias que son viables se verían abocadas a la liquidación si no se aprueba por otro año este Real Decreto y en estos momentos en el que el sector parece que empieza a tirar definitivamente, sería una pena, porque se estarían perdiendo puestos de trabajo", indica el presidente de Asprima.

El sector tiene miedo ante lo que pueda pasar a lo largo de este mes y mientras "el Gobierno está siendo poco transparente en esta situación, imagino que lo estarán pensando por que la incidencia es muy grande", recalca. "En un sector como el nuestro, que todavía es el 7% del PIB y que realmente es el único que ha logrado a lo largo del ejercicio crear empleo, sería dar un importante paso atrás", advierte Gómez-Pintado.