Moncloa amenaza a la Generalitat con retirarle 3.600 millones del FLA

Rajoy ordena un control semanal de los gastos del 'Govern' para evitar que sufrague el referéndum. El Ejecutivo admite que esta decisión coloca en una situación complicada a Oriol Junqueras.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido pisar el acelerador contra el desafío soberanista. Ayer, la Comisión delegada de Asuntos Económicos acordó que Cataluña no podrá tramitar expedientes de gastos vinculados con el 1 de octubre, razón por lo cual ordena a la Generalitat catalana que presente una certificación semanal de todos los gastos generales. En el caso de que uno de estos expedientes tenga algún nexo con el referéndum de autodeterminación que propugna el Govern, el Ministerio de Hacienda se reserva la capacidad de actuar, estableciendo sanciones, e incluso retirando el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) a Cataluña.

Con esta disposición, los interventores de las consejerías; los responsables económicos y financieros de las instituciones que no cuenten con interventores; el director general de Presupuestos; y el director de Política General y Financiera, Seguros y Tesorería, tendrán que remitir al Ministerio de Hacienda toda la información que establece el acuerdo del Gobierno.

En el caso de que la Generalitat no enviara esta información, y si se comprueba que se ha empleado dinero de los catalanes para el "referéndum ilegal" anunciado para el 1 de octubre, Hacienda podrá retirar las ayudas provenientes del FLA. Desde 2012, con él se ha destinado a Cataluña 67.000 millones de euros y para este año están previstos otros 3.600 millones.

El Gobierno recalca que se trata de una medida "preventiva", cuyo objetivo es que no se sufrague ningún referéndum con el dinero de todos los catalanes. "Ni un euro de los catalanes irá a un referéndum ilegal", afirmó ayer el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros.

Moncloa hace hincapié en la responsabilidad que tienen los funcionarios señalados en el acuerdo, aunque está convencida de que dichos trabajadores responderán a su obligación con la Función Pública.

El ministro portavoz fue muy claro: el Gobierno tiene derecho a saber en qué se utiliza el dinero público. No obstante, subrayó, estamos ante un anuncio y ante "un referéndum sin (sin censo, sin pape- letas, sin funcionarios, sin urnas, sin Europa, y ahora sin presupuesto", determinó.

Méndez de Vigo afirmó no tener disponibilidad para aclarar si este procedimiento ha sido transmitido al Govern de la Generalitat. Lo que sí aclaró es que habrá sanciones en el caso de incumplimiento, castigos que llegarán en función de la conducta de los funcionarios y de todos los altos cargos de Carles Puigdemont y de la administración.

Finalmente, el Gobierno de España admite que el acuerdo, que condiciona el pago a Cataluña de las partidas pendientes del FLA a que la Generalitat remita semanalmente el control de sus gastos, coloca al presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una situación complicada, dado que ocupa la Vicepresidencia económica de la Generalitat. Él mismo controla el presupuesto y acaba de ser designado "organizador" del referéndum, señalan fuentes de Moncloa.