La banca gana el pulso a Ada Colau por su tasa sobre los pisos vacíos

La sección primera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio ayer la razón a la banca en su pugna contra Ada Colau por los pisos desocupados.

El tribunal cree que el Ayuntamiento de Barcelona no tiene competencias para cobrar por las viviendas vacías a los grandes tenedores de inmuebles, tal como el consistorio aprobó el 30 de septiembre de 2016.

La sentencia, fechada el pasado 30 de junio, pero que se hizo pública ayer, invalida la decisión municipal por la que se creaba una tasa de servicios generales por la ejecución de un expediente cuando un inmueble llevaba desocupado de forma injustificada durante dos años o más.

El Ayuntamiento que lidera Ada Colau incluyó en las ordenadas fiscales aprobadas a finales de septiembre este pago, que ascendía a 633 euros en el caso de nuevos expedientes; y de 286 euros cuando se trataba de una revisión de incumplimiento en el caso de los grandes tenedores de viviendas.

La Asociación Española de Banca (AEB), que fue quien interpuso el recurso contencioso administrativo, alegaba que esta nueva tasa no solo excedía las competencias del consistorio, sino que se solapaba con otra de ámbito autonómico. Cataluña ya tiene un impuesto propio sobre las viviendas vacías de inversores institucionales.

Además, de acuerdo con la sentencia del TSJC, la AEB alegaba en su denuncia que el cobro de este impuesto se aplicaba con carácter retroactivo, de manera que se la tasa era exigible a las viviendas que ya estuvieran vacías antes de su entrada de vigor. Contra la sentencia judicial cabe recurso de casación en la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de 30 días; algo que el ayuntamiento adelantó ayer que interpondrá.

Así, de acuerdo con Europa Press, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ya avanzó que "batallará" y recurrirá la sentencia del TSJC. Para Pisarello, el recurso de la AEB es "indecente".

Exceso de ayudas

"Me parece auténticamente indecente que estén batallando por una tasa de 633 euros por piso vacío, cuando la banca ha recibido a lo largo de estos años más de 60.000 millones que han salido del bolsillo de la ciudadanía", aseveró. Asimismo, explicó que el Ayuntamiento estudia las implicaciones de la sentencia, pero que usará todas las brechas para poder continuar tramitando la tasa, con la que ha abierto diez expedientes desde que se aprobó en septiembre de 2016.

Pisarello defendió también que la sentencia señala que la tasa es "absolutamente legal", pero que el Ayuntamiento no tiene competencias para cobrarla, algo que no comparte el Gobierno de Ada Colau, porque considera que la Carta Municipal de Barcelona le otorga competencias cuando no las ejerce la administración que las tiene en primer lugar, en este caso la Generalitat, según defendió Pisarello.

El Ayuntamiento de Barcelona, hasta el pasado septiembre, asumía el coste de los expedientes.