La Hacienda catalana afloró un 10% menos de fraude con más personal

La Agencia Tributaria Catalana ha hecho balance de los últimos dos años del plan para reducir el fraude fiscal con el resultado de haber sacado a la luz 360,4 millones de euros que hasta ahora eran opacos.

Aunque la evolución ha sido a la baja, si en 2015 la Hacienda catalana consiguió hacer aflorar 190,3 millones procedentes del fraude fiscal, durante 2016 se produjo una caída del 10% y se quedó en 170 millones. El grueso de esta recaudación procede del impuesto de transmisiones patrimoniales (40%) y el de sucesiones (37%). Esto sucede en un momento donde esta estructura está en plena expansión y ha incrementado su plantilla un 24% con la incorporación de 79 trabajadores en los últimos dos años, hasta alcanzar los 400 empleados.

La caída se debe, según el propio vicepresidente, Oriol Junqueras, a que en 2015 se iniciaron los procesos pertinentes con los expedientes más sospechosos y que, por ende, tuvieron una mayor repercusión económica. Además, hace dos años también se produjo "un elemento singular en sucesiones", ya que se detectaron unos cuantos expedientes con un resultado muy elevado.

Junqueras también señaló el "efecto acumulativo", puesto que los fraudes que ya se detectaron en 2015, "ya están incorporados, así, todo lo que se recaudó en 2016 es añadido, sin contar lo de años anteriores". Junqueras defendió que "si en el cuarto año detectas más que en el primero, quiere decir que durante el primer ejercicio no buscaste los espacios más elevados de posible fraude". En 2017, el director de la Hacienda, Eduard Vilà, dijo que "crecerían el número de actuaciones".

La Hacienda catalana asegura que las tareas de inspección han favorecido a que los contribuyentes liquiden el Impuesto de Patrimonio de forma voluntaria, con un incremento del 14% de la recaudación voluntaria en comparación a 2014.

Conflicto con los registradores

Junqueras también aludió al conflicto que tienen con los registradores de la propiedad, un grupo de técnicos que antes se encargaban de recaudar algunos impuestos mediante un convenio, que recientemente ha sido anulado. Tanto el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, como el propio Junqueras, aseguraron que no habían recibido aún la denuncia por romper el convenio antes de tiempo.

A lo que sí respondieron, fue a las dudas del decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Luis Suárez, que denunció que los 800 trabajadores de la nueva Hacienda no serían suficientes, y también puso en cuestión que muchos trabajadores de los registradores de la propiedad quisieran irse a la nueva Agencia Tributaria.

Junqueras y Salvadó aseguraron que el proceso de selección de personal para duplicar la plantilla actual de la Hacienda catalana hasta llegar a los 800 trabajadores se iniciará el próximo abril, y se irán haciendo incorporaciones progresivas a partir de junio con la apertura de nuevas oficinas. Salvadó también aseguró que "los recursos humanos serán suficientes para llevar a cabo estas funciones", y que están llevando a cabo una ronda de visitas a las oficinas liquidadoras y a sus trabajadores. El secretario de Hacienda añadió que los trabajadores "están muy satisfechos y hay una alta receptividad de pasar a trabajar para la hacienda". Sin embargo, la nueva hacienda catalana no bonificará a los "buenos contribuyentes", tal y como aseguró el antiguo conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, en la presentación del plan en abril del 2015. Junqueras respondió con ironía y dijo que "el mejor premio es tener un estado del bienestar fuerte".

Colaboración con la hacienda española

Salvadó y Junqueras recordaron que la relación de colaboración con la Agencia Tributaria Española es "absolutamente cordial, sin ningún tipo de problema, y de hecho compartimos información, censos, proyectos en el ámbito de la inspección para poder hacer el trabajo bien hecho". Incluso, también colaboran para comprobar deslocalizaciones que son ficticias.

Por otra parte, ste año la Hacienda catalana dará un paso más, y si en 2015 ya había ordenado el embargo de cuentas corrientes por un importe de 25,3 millones de euros, este ejercicio también ejecutará el embargo de activos como inmuebles, créditos y vehículos.

Otros objetivos para este 2017 será el cálculo del 'tax gap', para conocer la diferencia de los ingresos potenciales que tiene Cataluña y los que finalmente se obtienen. Es por ello que ya ha licitado este contrato, cuya adjudicación se efectuará en marzo. También se hará una apuesta por la tecnología para que los contribuyentes puedan declarar de forma telemática. También recibirá información de la Dirección General de Policía, las autoridades portuarias, las empresas de subastas y de reventa de bienes inmuebles así como aseguradoras.