La mayoría soberanista bloquea el 'Parlament' hasta principios de otoño

La falta de acuerdo entre JxCat y Esquerra sobre cómo proceder ante la suspensión del expresidente catalán Carles Puigdemont y del resto de diputados procesados por rebelión por el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del 1-O, Pablo Llarena, provocó ayer que la mayoría soberanista (incluyendo a la CUP) en la Junta de Portavoces del Parlament decidiera convocar el debate de política general para los días 2, 3 y 4 de octubre y dejara la Cámara autonómica sin plenos hasta estas fechas, justo cuando se habrá cumplido un año del 1-O.

La sesión plenaria de la semana pasada, que se anuló tras la disputa entre JxCat y Esquerra sobre la suspensión de Puigdemont, se ha convocado para el próximo 10 de octubre, sin que las dos fuerzas soberanistas mayoritarias hayan llegado a ningún acuerdo sobre esta cuestión. En aquella ocasión, republicanos, socialistas y comunes apostaron por seguir la recomendación de los servicios jurídicos del Parlament y acatar la suspensión y sustitución temporal dictada por Llarena, pero JxCat defendió que estas medidas no podían aplicarse a Puigdemont.

Críticas de la oposición

El bloqueo del Parlament provocó ayer la indignación de gran parte de la oposición. La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, recriminó a los independentistas que no permitan que el Govern se someta al control parlamentario hasta otoño y les acusó de "silenciar" a los grupos opositores. Por su parte, la portavoz del PSC, Eva Granados, tachó de "impresentable" que los soberanistas pospongan los plenos hasta octubre, teniendo en cuenta que lo que queda de julio y todo el mes de septiembre se considera periodo hábil.

Sin sueldo

A pesar de no haber llegado a un acuerdo sobre la suspensión de los diputados procesados por Llarena, la Auditoría de Cuentas y Tesorería del Parlament ya estableció el pasado 13 de julio (coincidiendo con la comunicación oficial por parte del Supremo) que los imputados dejaran de percibir su sueldo como parlamentarios. La portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, aceptó ayer esta decisión, aunque el Govern la intentará "revertir legalmente".