Torra amaga con quebrar la ley para restituir al 'Govern' de Puigdemont

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, está dispuesto a forzar los límites de la ley para conseguir su objetivo de restituir la Generalitat previa a la intervención estatal.

Y ello no solo pasa por considerarse presidente "en funciones" con la intención de que pueda ser investido de nuevo Carles Puigdemont, sino por ofrecer recuperar su cargo a los consellers y altos directivos de la administración catalana cesados por el artículo 155, aunque estén encarcelados, en el extranjero o procesados por su colaboración en el proceso independentista.

Esto incluye a directores generales y al exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, concretó en una entrevista en Catalunya Ràdio. También apuntó a la reapertura del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) y de las delegaciones internacionales clausuradas por el Estado durante la intervención de la administración catalana.

En rueda de prensa junto a Puigdemont tras reunirse ambos en Berlín, sostuvo que "el principio de restitución es básico". Asimismo, exigió a Rajoy que levante por completo la intervención con el nuevo Govern, no solo con el cese del 155, sino también con el fin del control financiero a la Generalitat, que era previo.

Dijo esto tras anunciar que lo primero que hará cuando tome posesión del cargo será escribir una carta a Rajoy para que fije "hora y lugar" para encontrarse y dialogar. Con todo, la oferta de Torra se asienta sobre la base de la reivindicación del "derecho a la autodeterminación" de Cataluña, lo que no encaja en el marco legal que el presidente del Gobierno defiende como requisito indispensable para poder conversar.

Torra no esconde que quiere seguir adelante con el proceso de independencia, y ayer lamentó que el anterior Govern no la hiciese efectiva el 10 de octubre ni la defendiese con todas las consecuencias, evitando huidas al extranjero. Pero, a la vez, respalda ahora los planes de Puigdemont de seguir preparando la república catalana desde el exterior y a través de la sociedad civil para evitar nuevos reveses judiciales a la Generalitat.

De momento, la urgencia de Torra por recuperar el autogobierno como primer paso de su legislatura ha quedado patente, si bien nada ha concretado sobre la reactivación del funcionamiento de la administración catalana después de medio año sin gobierno autonómico.

Sus planes anunciados hasta ahora priorizan los gestos políticos. Como su intención de prometer el cargo con la misma fórmula que utilizó Puigdemont en 2016, cuando cambió la referencia tradicional de fidelidad al Rey, la Constitución y el Estatut por "fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representado por el Parlament". Aquel cambio ya fue objeto de análisis jurídico, pero su ilegalidad fue descartada al tratarse de un acto protocolario una vez el nombramiento ya ha sido oficializado.

Torra también explicó ayer que quiere visitar esta semana en prisión a los "políticos catalanes demócratas, honestos, que solo hicieron que dar la voz del voto al pueblo de Cataluña". Incluso se ha dado de alta en el Colegio de Abogados para poder tener más facilidades a la hora de acceder a los complejos penitenciarios. Y después también quiere visitar a los huidos al extranjero.

Su reunión con Puigdemont en Berlín como primera acción tras ser investido presidente catalán por el Parlament sirvió para constatar su lealtad al expresident, con el que compartió a medias la rueda de prensa posterior, que incluyó un nuevo intento de buscar la implicación de la Unión Europea.

Puigdemont también insistió en que el conflicto independentista no se puede resolver en los tribunales sino a través del diálogo político, por lo que, ahora que ya hay un presidente autonómico sin causas judiciales, la opción de desbloqueo está en manos del gobierno español. También condicionó a la actitud del ejecutivo central que Torra agote la legislatura de cuatro años en Cataluña o adelante comicios.