Funcionarios del Govern admiten una intervención más "laxa" antes del 1-O

Varios funcionarios de la Generalitat consultados por elEconomista reconocen que la fiscalización de los pagos del Ejecutivo catalán y el rendimiento de cuentas ante Hacienda fueron más "laxos" antes de la intervención de las finanzas del Govern por parte del Ejecutivo central el 15 de septiembre, dos semanas antes del 1-O.

De los trámites considerados "normales" en la tarea de fiscalización de una administración pública se pasó a partir de septiembre a un control mucho más detallado de los pagos que pudieran considerarse sospechosos de contribuir a la organización del referéndum ilegal del 1-O, poniendo la lupa en quién eran y qué hacían los proveedores, para luego poder certificarlo ante Hacienda. Utilizando un símil aduanero, uno de los funcionarios consultados comenta que "si antes dejaban pasar a la mayoría de coches y paraban a uno para inspeccionarlo a fondo, ahora los paran a todos y se ha creado una cola kilométrica".

En este sentido, deploran el gran aumento de la burocracia que ha provocado la exigencia de certificación de todas las facturas de la Generalitat, siempre con el objetivo de descartar que se pudieran dedicar recursos públicos a fines relacionados con el referéndum. En este sentido, señalan que el Ejecutivo independentista "dejó en evidencia" a Hacienda con la compra de las urnas para el 1-O y que entonces quedó claro que "la maquinaria creada por el Estado no era tan perfecta como parecía".

La eficacia y el nivel de control por parte del Gobierno de los pagos de la Generalitat relacionados con la celebración del referéndum del 1 de octubre se ha convertido en motivo de controversia entre el juez del Tribunal Supremo que investiga la causa, Pablo Llarena, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, si bien la clave está en la actuación interna de la Generalitat, encargada de recopilar la información para el Ejecutivo español.

Subvenciones

La Intervención General de la Generalitat, liderada por Rosa Vidal e inicialmente bajo el mando político del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, se encontró con otras dificultades de fiscalización, como supervisar la finalidad de determinadas subvenciones destinadas a entidades sociales del mundo soberanista. "Algunas de estas organizaciones están vinculadas al proceso, pero también se dedican a fomentar eventos culturales, así que es difícil saber donde terminará la subvención aunque se revise cinco veces", recuerdan. A pesar de no haber detectado un trato de favor a entidades soberanistas, reconocen que el control es más complejo cuando se trata de subvenciones directas de poca cantidad, que pueden concederse sin una convocatoria pública.

Incomodidad

Los funcionarios añaden que otro de los problemas del control de Hacienda sobre la autonomía es que algunas de las acciones del Gobierno a partir de la aplicación del 155, como el cierre del Diplocat, que provocó el despido de 17 trabajadores públicos, han generado una corriente de solidaridad entre los empleados de la Generalitat, que piensan que "hoy han sido ellos, pero mañana nos puede tocar a nosotros". Por ello, indican que los funcionarios actuarán con "profesionalidad" ante la intervención de la autonomía, pero que en muchos casos no sienten "complicidad" con lo que está ocurriendo.