La calma política a la espera de pactos de gobierno marca la semana
- Ciudadanos pide presidir la Mesa del Parlament y el PSC abre la puerta a darle apoyo
- Interior anuncia la retirada de los policías enviados a Cataluña por el 'procés'
- Endesa se suma a la fuga de empresas y traslada la sede social de su distribuidora eléctrica
elEconomista.es
Las fiestas navideñas conceden una leve tregua al panorama político catalán a la espera de que se forme el nuevo Govern. Las elecciones parecen no cambiar la situación tras confirmarse la mayoría independentista.
Por ahora, Cataluña sigue sin gobierno estable tras las elecciones a la espera de acuerdos que hagan posible la investidura. La histórica victoria de Ciudadanos en las elecciones parece estéril al no poder alcanzar la mayoría el bloque constitucionalista.
Aún así, PP y PSOE han exigido al partido liderado por Inés Arrimadas que tome la iniciativa para formar un nuevo Govern. A ellos se unió el presidente de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, que insta a la fuerza más votada a encabezar la formación de un nuevo Govern que permita recuperar la normalidad política y la estabilidad en Cataluña.
La formación naranja, sin embargo, se mantiene al margen de ello por una cuestión de aritmética parlamentaria. Aunque sí ha pedido presidir la Mesa del Parlament por ser la fuerza más votada. Para ello podría contar con el apoyo del PSC. Los socialistas parecen estar abiertos a esta posibilidad tras afirmar que no renuncian a un presidente del Parlament no independentista para evitar la situación creada durante la presidencia de Carme Forcadell por su afinidad con los partidos del Govern.
También esta semana, el ministro de Interior, Ignacio Zoido, ordenó la retirada de la policía enviada a Cataluña por el 'procés'. Esto incluye a los dos barcos aún atracados en Barcelona y donde se alojan parte de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplazados a la comunidad autónoma desde antes del referéndum del 1 de octubre.
Otro pulso existente entre el Gobierno central y la administración catalana es la intervención de la Generalitat por parte del Estado. La Diputación Permanente del Parlament aprobó recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la aplicación del artículo 155. Lo hizo con los votos de Junts pel Sí, que agrupa al PDeCat y ERC; y de los diputados de Catalunya Sí Que Es Pot, coalición que incluye a Podem y los comuns; mientras que el representante de la CUP se abstuvo al no reconocer la legitimidad del TC.
La inestabilidad política sigue, por lo tanto, prolongándose en Cataluña. Como consecuencia, la fuga de empresas prosigue, aunque a ritmo reducido. Esta semana se produjo otra salida importante al anunciarse que Endesa traslada la sede social de su distribuidora eléctrica, hasta ahora en Barcelona, a Madrid. Con ello, el éxodo empresarial hacia otras regiones del Estado supera las 3.100 empresas, según el Colegio de Registradores Mercantiles de España.