El coste de la ruptura para Cataluña: las empresas siguen yéndose y la inversión extranjera cae

El día a día de Cataluña estuvo marcado en 2016 por los continuados esfuerzos de los partidos independentistas por romper con España. El efecto económico directo de esta lucha es difícil de cuantificar, pero desde el entorno empresarial se ha denunciado en numerosas ocasiones en 2016 que la decisión de romper unilateralmente con España crea inseguridad jurídica; algo que reduce la visibilidad a la hora de emprender inversiones. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Catalunya

Uno de los ejemplos más recientes de esta inseguridad es último acuerdo entre JxSí y la CUP sobre la ley de "Transitoriedad Jurídica". Esta norma, que establece el marco jurídico para dar el salto entre la unidad con España y la República Catalana, se ha anunciado, pero se guardado en el 'cajón' para que no pueda ser impugnada.

Teniendo en cuenta sus objetivos, es evidente que es una legislación que nace con este espíritu está condenada a ser anticonstitucional y además, el secretismo con el que se ha anunciado es otro elemento más que resta visibilidad a los empresarios y a los ciudadanos sobre el entorno legal en el que teóricamente pronto tendrán que operar.

La economía y el empleo mejoran

El año pasado fue positivo para la economía catalana. Por una parte, el PIB ha crecido por encima de la media española, un 3,4% hasta el tercer trimestre, y la tasa de paro se ha contraído hasta el 14,63%; lo que supone otro paso adelante en la recuperación económica. Este año la tendencia debería continuar igual. La Cámara de Comercio de Barcelona y el Govern calculan que el PIB crecerá un 2,7% en 2017, aunque no se descarta que estas estimaciones se superen, como ha sucedido en 2019.

Respecto a la contratación, debería continuar avanzando, ya que las expectativas de los empresarios son positivas. De acuerdo con PIMEC, en el caso de las que operan en el sector industrial, hasta un 31,5% espera realizar contrataciones a lo largo de este año. La tasa de quienes anticipan que la reducirá; es de un 5,4%.

No obstante, existen tres importantes pilares en los que Catalunya flaquea y pueden estar relacionados con el procés: la falta de acceso a la financiación directa en mercado, la caída de la inversión extranjera y el continuado traslado de empresas consolidadas desde Cataluña a otras comunidades autónomas.

Sobre lo último, el debate sobre las razones que lo impulsan es continuado, ya que las estadísticas son claras: Catalunya pierde más empresas que las que atrae de forma continuada. Hasta el pasado 30 de diciembre, solamente en el 'puente aéreo' entre Madrid y Barcelona, la Ciudad Condal cedió más de 90 empresas en términos netos a la capital española. Las que se han ido son, además, relativamente más grandes que las que se han instalado en Barcelona (en términos de capital social).

De hecho, la cifra de las que se marcharon a Madrid con un capital social por encima del millón de euros en 2016 prácticamente dobla el número de las que vinieron, ya que el contador quedó en 45 frente a 24 (véase gráfico en la página 9). Shibsted o Sidorme Hotels fueron algunas de las compañías que trasladaron el año pasado su sede social a Madrid.

Oriol Junqueras, conseller de Economía y vicepresident de la Generalitat, ha relacionado recientemente en el Parlament estas fugas con el dumping fiscal que utilizan otras comunidades autónomas. Según Junqueras, comunidades como Madrid, están creando una fiscalidad para atraer empresas "por debajo de su coste de producción", que es lo que significa el dumping.

Su argumentación, sin embargo, no quita la razón a las patronales empresariales, que desde hace años denuncian que la fiscalidad que soportan en Catalunya supera la que tienen en otras comunidades autónomas. La situación, lejos de invertirse, empeorará en 2017, si sale adelante el proyecto de Presupuestos y JxSí necesita el apoyo de la CUP para tirar adelante con su proceso de ruptura y también elecciones.

Los cupaires, en junio del año pasado, decidieron impedir la tramitación de los Presupuestos de 2016 porque no estaban de acuerdo con el reparto del gasto ni tampoco con el entorno fiscal, ya que querían una reorganización del IRPF, un impuesto sobre las grandes fortunas o mayores tasas turísticas.

Aunque maquilladas, gran parte de sus demandas se han incluido en los Presupuestos para 2017. Incluso, Puigdemont ha cedido ante una subida encubierta del IRPF, como es la eliminación de la desgravación adicional en el tramo autonómico del impuesto sobre la Renta para la adquisición de vivienda en las rentas superior a 30.000 euros.

Además, se ha avanzado en aumentar la presión sobre las grandes fortunas, como refleja el pacto entre la CUP y JxSí para crear un impuesto sobre los activos improductivos de las empresas. Esta tasa, que se tramitará en paralelo a los Presupuestos, no hace otra cosa más que encarecer la fiscalidad de las empresas, al igual que el nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas o las revisiones de la tasa sobre los grandes establecimientos comerciales o los apartamentos turísticos. La supresión de las ventajas fiscales para los inversores en el MAB también va en esta línea.

El desplome de la inversión extranjera

Uno de los logros del Govern este año ha sido preservar el proyecto de BCN World. Aunque mucho más reducido, lo impulsó en verano, aprovechando la ruptura momentánea con la CUP y que ya no había otras elecciones por delante (acababan de finalizar las generales). Paralizarlo, no hubiera sido un mensaje muy positivo para los inversores internacionales, que este año han preferido reducir significativamente su apuesta por Catalunya. Falta conocer la evolución en el cuarto trimestre, pero durante los nueve primeros meses de 2016, la inversión extranjera se redujo un 50%, por el 30% del total de España. En el tercer trimestre, además, ya mejoró en algunas autonomías, como Madrid, pero no así en la nuestra.

El otro reto es la financiación. El País Vasco ha sido la última comunidad autónoma en emitir en mercado, pero Catalunya todavía depende del FLA.