Cataluña

Cataluña afronta pagos por 13.000 millones en dos años


    Cristina Triana

    La calma tensa que vive el bono catalán en los mercados no es sinónimo de que la Generalitat haya reducido sus necesidades de financiación. Según sus propios datos, sólo entre 2017 y 2018 necesita refinanciar cerca de 13.000 millones en vencimientos de deuda a largo plazo, la mayoría de ellos procedentes de los 'mecanismos de liquidez' facilitados por el Estado.

    Este año, la cifra de vencimientos supera los 5.000 millones, pero el próximo se acerca de los 8.000 millones, de acuerdo con los datos de la consellería de Economía. En 2017, el mes con mayores vencimientos es febrero, donde la autonomía debe afrontar pagos de deuda por más de 1.400 millones.

    A corto plazo, la financiación también presenta algunos retos. Con los últimos datos disponibles, a 30 de septiembre, la Generalitat contaba con vencimientos a corto plazo por encima de los 4.000 millones. El año pasado, fueron los problemas de liquidez los que hicieron saltar las alarmas de las agencias de calificación crediticia. Concretamente, por una serio de créditos bancarios que vencían. S&P entonces dio por hecho que no estaban en impago porque se habían renegociado y se estaban abonando los intereses.

    Aunque Oriol Junqueras ha solicitado a Moncloa que le permita refinanciar vía FLA parte de esos créditos, por ahora la autorización no ha llegado. La consellería sostiene que aunque el Ministerio de Economía sí lo ha aprobado, Cristóbal Montoro, todavía lo tiene pendiente. El ministro de Hacienda, durante una visita a Barcelona hace unos meses, confirmó que se valoraba, pero que la medida debía ser acorde a las que se otorgan al resto de comunidades. No obstante, el endeudamiento de Cataluña con el Estado ya es elevado, porque equivalen a más del 60% de la deuda viva de la Generalitat.

    Por el momento, en un gesto hacia Hacienda y la agencias de rating, Junqueras ha presentado unos Presupuestos que cumplen el objetivo de déficit (incluso lo mejora, ya que contemplan un déficit del 0,5%, cuando se ha autorizado un 0,6%). Las agencias reprocharon al Govern el año pasado que no se ajustara.