La nota de 'bono basura' del ICO catalán complica su apoyo a las empresas

Cataluña está quemando semana tras semana su credibilidad en los mercados financieros. La aprobación de la resolución rupturista por parte de Junts pel Sí y la CUP el pasado lunes en el Parlamento de Cataluña, dando el pistoletazo de salida a la "desconexión" con las instituciones españolas, no sólo ha tenido consecuencias a nivel político y jurídico.

A la suspensión por parte del Tribunal Constitucional hay que sumarle que los mercados y los inversores internacionales han empezado a aplicar una mayor prima de riesgo a los activos emitidos por la Generalitat.

El jueves, la agencia de calificación Fitch decidió rebajar la nota de la deuda catalana hasta BB, una calificación de bono basura. Ayer, como consecuencia a esta medida, la calificadora de crédito incrementó un poco más la presión sobre las instituciones relacionadas con Cataluña, al reducir la nota de crédito del que se espera que sea el futuro banco público catalán: el Institut Català de Finances (ICF).

Tras la rebaja, el instituto cuenta ahora con una calificación dentro del grado de basura y, además, con perspectiva negativa, lo que deja la puerta abierta a posibles nuevos recortes en el futuro. Su nota es la misma que la de Cataluña.

La doble rebaja por parte de Fitch ha provocado que los inversores miren con mayor recelo a los bonos emitidos por la Generalitat. Aunque no ha producido ninguna situación de pánico, por segunda jornada consecutiva, se registraron ventas de bonos catalanes en el mercado. Estas desinversiones provocaron un incremento de los intereses que el mercado exige a los bonos de la Generalitat.

Así, el rendimiento implícito de la última emisión de deuda catalana a 10 años se incrementó el viernes hasta el 2,921 por ciento, de acuerdo con datos de Bloomberg. Fue un movimiento contrario al que registró el bono español con el mismo plazo de vencimiento, ya que atrajo inversores, cuyas compras provocaron caídas en la rentabilidad, hasta el 1,788 por ciento.

La política, factor de riesgo

Las agencias de calificación crediticia tienen muy claro que la situación política de Cataluña es un riesgo que no pesa sobre otras comunidades. Fitch, en la nota que distribuyó el jueves explicando las razones que le habían llevado a rebajar su calificación, citó tanto la aprobación de la resolución independentista, como la intención de desobedecer la suspensión del Constitucional por parte del gobierno de Cataluña. La semana anterior había mantenido la nota al Instituto Valenciano de Finanzas.

También el jueves, Financial Times había publicado un editorial, donde calificaba el proceso independentista de "locura" y advertía de las "consecuencias económicas devastadoras" tanto para Cataluña como para España. Pueden surgir "dudas acerca de la viabilidad de las finanzas públicas a ambos lados de la línea divisoria", afirmó.

Hace un mes, S&P, que también rebajó un peldaño la calificación de la deuda catalana, afirmó que las "tensiones políticas" provocan que la Generalitat no pueda garantizar el pago, ya que su único acreedor es el gobierno español, que le proporciona liquidez a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

La crisis de la economía real

Este entorno, además de poner de manifiesto la inestabilidad que ha creado el desafío independentista, evidencia que para Cataluña sería muy complicado y costoso financiarse en los mercados internacionales por sí misma y, por tanto, mantener la financiación de la economía real, como hace el ICF. El propio Artur Mas, en su primer discurso de investidura, resaltó sus éxitos y explicó que la entidad, desde 2011, había concedido préstamos y avales a más de 11.000 empresas, en su mayoría pymes y autónomos.

Tras la rebaja ayer hasta bono basura, el acceso a financiación en mercado por parte del instituto se puede complicar y eso poner en riesgo su apoyo a las empresas.