España perdería 15.000 millones si Catalunya se independiza

Las especulaciones sobre una posible independencia catalana son muchas, variadas e intencionadas desde ambos lados del frente. Los favorables a la secesión intentan escenificar el futuro de una Catalunya independiente como una solución rupturista al presente de una España deprimida en una crisis sin parangón donde los brotes verdes no afloran en el jardín del ciudadano de a pie. Dentro de la trinchera inmovilista, el horizonte catalán fuera de España se plasma como una catástrofe donde todos los sus habitantes quedarían aislados, perderían sus pensiones y habría una fuga masiva de capitales como poco.

Hace unas semanas se presentó un estudio elaborado por el Doctor en Economía Xoaquín Fernandez, de la Universidad de Santiago de Compostela; y el catedrático Santiago Lago Peñas, de la Universidad de Vigo donde ponen luz sobre todas las conjeturas surgidas desde que la opción independentista es más que plausible. El documento, al que El Economista ha podido acceder, plantea distintos escenarios además del de la independencia, también estima la posibilidad de un concierto económico dentro de un estado federal e incluso un tercer escenario donde se conservaría el modelo autonómico pero con singularidades para Catalunya.

El estudio contextualiza la economía catalana dentro de un sistema territorial español que muestra unos resultados razonables a nivel global (con singularidades excepcionales como las comunidades forales). Dentro del sistema, Catalunya y Galicia están ?justamente? en las posiciones que les corresponden según sus características económicas.

Déficit fiscal de un 7% del PIB catalán

Que Catalunya tiene un saldo fiscal desfavorable (paga más de lo que recibe) es algo que tanto el Gobierno Español como la Generalitat de Catalunya han demostrado a través de las denominadas balanzas fiscales aunque con diferentes cálculos (el Gobierno estima un déficit de 8.455 millones de euros y la Generalitat un saldo negativo de 15.006 millones). Las balanzas fiscales son los instrumentos que miden los ingresos y gastos de la Administración Central en una comunidad para cuantifcar si hay déficit o superávit fiscal_(si se ingresa más de lo que se gasta en el territorio o se recibe más de lo que se paga).

Según los cálculos de Fernández-Leceaga y Lago Peñas, Catalunya tendría un déficit fiscal de entre un 5 y un 7 por ciento de su PIB con datos de 2011. Este ?desequilibrio? se ha producido por la aplicación de un sistema fiscal progresivo basado en la idea de que el territorio catalán cuenta con unos ingresos y una riqueza más altos por habitante y por lo tanto contribuye más que otras comunidades, al igual que en Madrid y Baleares que contribuyen a la llamada solidaridad territorial. El gran debate en este affaire es el método de calculo para tener un numero más o menos hinchado, una cifra que se usa como arma política (muy potente entre la población además) para justificar la idea de Espanya ens roba. Los dos métodos de calculo son validos pero responden a cuestiones distintas.

El Ministerio de Hacienda calcula las balanzas fiscales según el método de Carga-Beneficio que hace una relación directa entre cuantos impuestos pagan los ciudadanos de un territorio y cuántos servicios reciben de la administración central. El preferido por la Generalitat de Catalunya es el método de Flujo Monetario que cuenta únicamente los gastos realizados por la Administración Central en ese territorio y cuanto se ha ?invertido? por habitante, lo que provoca que Catalunya quede muy malparada en relación a otras comunidades con una población más envejecida, más tasa de paro o menos actividad. Por contra, los economistas catalanes alegan que no solo utilizan este método porque infla el número sino porque discuten que los gastos centralizados del Estado, a los que los ciudadanos de Catalunya también contribuyen a financiar (carga), generan algun retorno apreciable (por lo que no habría beneficio). El sistema de progresividad del sistema fiscal español apremia por otro lado a comunidades como Galicia con un superávit fiscal de entre un 5 y un 6 por ciento de su PIB, sobre todo por el coste de la seguridad social. En una posible independencia, Catalunya dejaría de aportar entre 11.000 y 15.000 millones de euros a las cuentas públicas españolas. El estudio refleja que esto significaría para Galicia en concreto reducir sus ingresos entre 800 y 1.100 millones de euros (3,9 y 4,28 por ciento del PIB). En términos generales, este recorte de ingresos supondría el equivalente al gasto público en educación.

Las cuentas de la Seguridad Social generarían un déficit de 1.336 millones de euros y otros 7.119 millones en la administración central. Ya que también hay que hacer un ajuste de las cargas que tiene España sobre Catalunya en el Sistema político, servicios centraldes de administración general, política exterior y defensa, organismos de investigación, justicia etc. Esto significarían 2.788 millones de euros, lo que no sería un ?dividendo fiscal? si se proclamara la independencia ya que la nueva administración debería crear una nueva administración catalana que Artur Mas ha cifrado recientemente en 3.000 millones de euros. No se ha sumado los pagos por intereses ya que se asume que Catalunya absorvería una parte de la deuda acumulada por la administración central española

Un modelo federal reduciría el recorte pero heriría de muerte

La denominada tercera vía históricamente reclamada desde Catalunya para tener un modelo similar al de Euskadi y Navarra no afectaría tanto a las cuentas públicas y reduciría un 30 por ciento el recorte de 15.000 millones. Catalunya seguiría contribuyendo a la financiación estatal pero no a nivel interterritorial como hace actualmente. Este modelo, según el estudio, ?heriría de muerte? al conjunto del modelo territorial español al introducir una lógica de apropiación territorializada de los recursos contraria a los principios constitucionales vigentes. El problema es que en cuestión de financiación (ver gráfico) los habitantes de Catalunya reciben menos que la media española (2355,03 de los 2366,10 de media) pese a ser una de las comunidades que más aporta. Este desequilibro se subsanaría con un pacto fiscal a nivel catalán pero comportaría que el resto de comunidades tuviesen que rebajarse los ingresos. El documento también prevé que en tal caso, las demandas de un modelo similar por parte de la comunidad de Madrid y Baleares ?estarían servidas?. En caso de aplicar un modelo federal a nivel general, las cuentas de las comunidades históricamente beneficidadas fiscalmente como Andalucía, Extremadura o la propia Galicia sufrirían un grave varapalo de pérdidas de hasta 200 euros por habitante.

Otra opción sería la implantación de un modelo de financiación más favorable dentro del sistema de autonomías actual. De hecho es la opción que hace menos daño a todos según el estudio, ya que si solo se aplicara a Catalunya tendría un impacto muy limitado (aunque atentaría contra la igualdad que se intenta aplicar a todos) y por otro lado los resultados tampoco satisfacerían a las aspiraciones de una parte importante de la sociedad catalana.

El estudio concluye con la hipótesis de si existe un camino de concordia para un acuerdo territorial estable que consiga una financiación pública más equitativa. En tal caso, ese camino pasa porque País Vasco, Navarra y Canarias asuman un modelo común y que obligue a tener mayor transparencia en sus cuentas públicas y una profunda reforma de la Administración General del Estado para adecuarla al reparto territorial de competencias y así evitar la centralización innecesaria. Una centralización que muchas veces provoca duplicidad de funciones, siempre garantizando políticas respetuosas de diversidad cultural y lingüística.