La Generalitat pone en riesgo parques eólicos por 1.000 MW

Las trabas normativas a las energías renovables en Cataluña pueden convertir en irrealizables proyectos eólicos por una potencia de al menos 1.000 MW en primavera de 2022 si la Generalitat no pisa el acelerador en las tramitaciones, según los cálculos de la asociación sectorial Eoliccat.

El motivo es que, si para abril de 2022 no disponen de la declaración de impacto ambiental de la administración autonómica, perderán el derecho de tener un punto de conexión a la red eléctrica, según el calendario que fija el decreto estatal 23/2020, y entonces también perderían los avales, y esos puntos de conexión los podrán solicitar otras comunidades autónomas más activas porque el reparto es a nivel nacional.

Así lo ha explicado a elEconomista el gerente de Eoliccat, Juan Morron, tras conocerse los detalles de la modificación del decreto sobre energías renovables que la Generalitat prevé aprobar este martes. Tanto él como el Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña y empresas de energías renovables consultadas coinciden en que el nuevo decreto retrasará nuevas instalaciones y desincentiva la inversión, mientras la comunidad acumula peticiones de proyectos eólicos y fotovoltaicos por casi 15.000 MW, varios miles de los cuales ya han sido considerados inviables y descartados por la administración regional (ver gráfico), que por contra no ha sacado adelante ninguna autorización.

Eoliccat calcula que verán afectado su calendario la totalidad de proyectos eólicos planteados en la comunidad y el 95% de la potencia fotovoltaica que desea instalarse en territorio catalán.

Esto se debe a los nuevos requerimientos que el Ejecutivo catalán impone a los proyectos de más de 5 MW de potencia, y que pasan por contar con el acuerdo de los propietarios de al menos el 50% de la superficie que se quiere ocupar, así como por ofrecer una participación mínima del 20% del proyecto a la población y administraciones públicas de la zona, además de presentar informes de respeto de conectores ecológicos y de prevención de incendios, entre otros.

El sector de las renovables celebra que la Generalitat haya renunciado a aplicar una moratoria de todos los proyectos mientras elabora nueva legislación contra el cambio climático, como exigía la CUP en el acuerdo de legislatura con ERC, pero lamentan que, en la práctica, las tramitaciones avanzan muy lentamente, y los nuevos requerimientos prolongarán aún más los procesos.

La alegría de noviembre de 2019 por la aprobación del decreto que ahora se modifica se ha ido diluyendo con el tiempo. Entonces, la norma se presentó como la vía de desbloqueo a una década de parálisis de las renovables en Cataluña por el veto administrativo, pero desde entonces, la ponencia de energías renovables de la administración catalana va acumulando peticiones que no encuentran salida.

De todos los proyectos eólicos y fotovoltaicos planteados desde finales de 2019 hasta la actualidad, solo 11 fotovoltaicos -dos de ellos muy recientemente, el viernes- han iniciado el proceso de información pública previo a la tramitación de las necesarias autorizaciones ambientales, urbanísticas y energéticas. Ninguno eólico.

Estos datos no llaman al optimismo, como tampoco que Cataluña cuenta actualmente con 46 parques eólicos, que suman una potencia de 1.269 MW, y 2.807 instalaciones fotovoltaicas por 344 MW, muy lejos del objetivo de la Generalitat de sumar 4.000 MW eólicos y 6.000 fotovoltaicos para 2030.

Respecto a los nuevos requerimientos de la Generalitat, Eoliccat considera que tendrán más incidencia en los proyectos fotovoltaicos, ya que los parques eólicos suelen buscar el apoyo de los propietarios -solo uno de los 811 aerogeneradores que funcionan actualmente en Cataluña se colocó mediante expropiación del terreno- y contribuyen a la prevención y extinción de incendios.

En lo referente a ofrecer un 20% del proyecto a personas, empresas y administraciones de la zona donde se ubiquen, Morron considera que no supone un problema en sí, aunque incide en que debe explicarse que estas inversiones son cuantiosas y comportan riesgos y un retorno a largo plazo: "La media de inversión de un parque eólico son 50 millones de euros y no se amortizan hasta el octavo año de funcionamiento, por lo que un 20% son 10 millones ¿Quién tiene ese dinero? La Generalitat no se ha ocupado de crear créditos blandos para invertir en renovables y todavía escasean las comunidades energéticas. Y solo con microgeneración y autoconsumo no se pueden lograr los objetivos".