La Generalitat pide el rescate de los peajes catalanes por 1.500 millones

A partir del próximo miércoles, 1 de septiembre, Cataluña dejará de tener peajes en las vías rápidas de competencia estatal, pero persistirán de forma explícita o implícita en una decena de concesiones que son competencia de la Generalitat de Cataluña.

El Gobierno español debe decidir para 2024 qué modelo aplica para garantizar el mantenimiento de las vías de alta capacidad estatales, y en este contexto, la Generalitat de Cataluña defiende que los catalanes llevan "demasiados" años pagando en las carreteras y, para homogeneizar el modelo nacional que se decida, el Estado debería rescatar los cuatro peajes explícitos que quedan en Cataluña, vinculados a vías con túneles y cuyos contratos vencen entre 2036 y 2039 pese a que son competencia de la Generalitat. La factura de este rescate sería de 1.500 millones de euros, según el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró.

El también y consejero de Políticas Digitales y Territorio esgrime que este importe es "solo un 10% del déficit fiscal anual que sufre Cataluña, sin el que en dos meses podríamos resolver [el rescate] rápidamente", y menos de la mitad del coste de rescatar las radiales de Madrid, que ronda los 4.000 millones.

Si a la petición del Govern se suma el rescate de las nueve vías rápidas catalanas con concesión de peaje en la sombra, la factura se elevaría en 1.700 millones, hasta un total de 3.200 millones, si bien desde la Generalitat apuntan que en ese caso hay otras alternativas al rescate, ya que el modelo de peajes en la sombra se basa en el tráfico de vehículos que pasan por dichas vías y se podrían aplicar fórmulas mixtas para acomodarlo al nuevo modelo de pago por uso que defiende la Unión Europea.

El actual Ejecutivo catalán ha enfriado su defensa de la viñeta como sistema de tarifa plana para sufragar la conservación de las vías de alta capacidad, frente a su apuesta a ultranza del anterior Govern. Ahora apelan a premisas europeas de pago por uso y de que pague más quien más contamine, y descartan proponer un modelo para Cataluña mientras desconozcan la propuesta estatal, para evitar un "agravio comparativo" entre territorios. Cataluña tenía hasta ahora un mayor peso de vías de pago que la media nacional, y Puigneró reivindica que ello ha sido "una forma más de expolio" que "se ha acabado y no se repetirá".

Y es que este 1 de septiembre se levantan barreras en cuatro concesiones que tienen el grueso de su trazado en Cataluña: la AP-7 entre la frontera con Francia y Vilaseca (Tarragona), la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell (Tarragona), la C-32 entre Montgat y Blanes, y la C-33 entre Barcelona y Montmeló. Las dos primeras, de Acesa, pasarán a manos del Estado, mientras que las otras dos, de Invicat, serán competencia de la Generalitat.

De todas formas, la administración autonómica aspira a controlar todas las infraestructuras catalanas, y por ello Puigneró exigió el 2 de agosto a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, el traspaso de la AP-2 y la AP-7 para una gestión "de proximidad y más eficaz", si bien no hay respuesta por el momento. Entonces, el protagonismo se lo llevó el acuerdo para la ampliación del Aeropuerto de El Prat.

Mientras se decide el nuevo modelo viario, los Presupuestos de la Generalitat asumirán el desmantelamiento de los peajes (7,5 millones) y la conservación de la C-32 y la C-33 (6 millones anuales más 15 cada cinco años para reasfaltado). El impacto en las cuentas será casi neutro, ya que se ahorrarán hasta 15 millones anuales de bonificaciones en los peajes desaparecidos.

120 millones para el Maresme

Una de las concesiones de vías de peaje que finalizan el martes es la autopista de pago más antigua de España, la actual C-32 en el Maresme (Barcelona), y su gratuidad comportará importantes cambios en la movilidad de la zona, con la N-II como principal beneficiaria de la descongestión de tráfico, según las previsiones de la Generalitat.

Para adecuar la red viaria local al nuevo escenario, el Govern prevé invertir 120 millones de euros entre 2022 y 2026 para mejorar la conectividad de la C-32 con seis nuevos accesos y la mejora de otros dos -según los estudios preliminares-, así como para convertir la N-II en una vía más urbana, integrada en los municipios costeros que cruza, especialmente en el Baix Maresme, más cercano a Barcelona, con planes ya en marcha que serán consensuados con los ayuntamientos.

Para financiar estos planes, la Administración catalana contempla recordar al Gobierno los 400 millones que, en 2008, el Estado acordó invertir en el desdoblamiento de la N-II, obra que finalmente no se ejecutó.

De momento, las primeras actuaciones serán la eliminación de las estructuras del peaje troncal de la C-32, que desaparecerán en un plazo de un mes y medio. También lo harán en la C-33 antes de fin de año.