Gobierno y Generalitat defienden el indulto en el 'procés' pese al informe contrario del Supremo

El Gobierno español y la Generalitat de Cataluña han defendido este miércoles el indulto a los procesados por el referéndum de independencia de 2017 pese al informe contrario del Tribunal Supremo, que no es vinculante pero se opone a la medida de gracia porque los acusados no muestran arrepentimiento y porque, a su parecer, las peticiones de indulto se han presentado contra penas que son proporcionadas y pretenden que el Gobierno corrija a la Justicia.

Antes de conocerse el informe, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a dar a entender este miércoles que es proclive a conceder el indultos a los independentistas condenados por el procés, al reafirmarse en que la decisión que tome será "a favor de la convivencia entre todos los españoles", porque "hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia".

Una vez desvelado el documento del Supremo, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha expuesto que el Gobierno "respeta" el dictamen judicial contrario a la concesión del indulto, pero ha insistido en que el Gobierno actuará por la "concordia".

Por parte de la Generalitat, el nuevo presidente catalán, Pere Aragonès, ha insistido en su petición de amnistía y derecho de autodeterminación, pero ha apoyado cualquier medida que sirva para "aligerar" la "represión" y el "dolor" de los encausados: "Queremos una solución lo más justa y lo antes posible".

Asimismo, ha rechazado de manera "contundente" el informe del Supremo porque "sigue la línea represiva propia de una causa general contra el independentismo" que tiene origen político y debe tener solución política.

Ni indulto total ni parcial

La sala de lo Penal del Tribunal Supremo que juzgó la causa del procés ha informado este miércoles negativamente a la concesión de cualquier forma de indulto, ya sea total o parcial, a los doce condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y de desobediencia, al no apreciar razones de justicia, equidad ni utilidad pública que lo justifiquen.

Se presentaron al menos siete peticiones de indulto (ninguna por los propios condenados) a favor del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; los exconsellers Bassa, Forn, Rull, Romeva, Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó (estos tres últimos condenados por desobediencia); los 'Jordis'; y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Algunas de ellas se refieren a todos los condenados y otras solo a algunos, informa Europa Press.

El Supremo incide en la "voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática" expresada por la mayoría de procesados, y critica el criterio de la administración penitenciaria catalana sin análisis individualizado de cada caso, que "ha entorpecido de forma notable el cumplimiento de los fines de la pena, alimentando la ficción de un sujeto colectivo, que sería titular del derecho a la progresión de grado y, ahora, del derecho al indulto".

El informe recoge también las razones por las que considera improcedente la concesión del indulto a los condenados sólo por un delito de desobediencia que no cumplieron penas de prisión. Sobre todo, porque el abono de las penas pecuniarias que le fueron impuestas y el tiempo transcurrido desde la firmeza de la sentencia descartan el efecto extintivo que es propio del indulto.

Potestad del Gobierno

Tras la emisión de este documento, junto con los emitidos por la Fiscalía y la Abogacía del Estado -también contrarios al indulto-, el Gobierno tiene ya sobre la mesa toda la información para tomar una decisión sobre este asunto, que deberá firmar el Rey.

Desde el principal partido de la oposición, el líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado en un tuit que el informe del Tribunal es "demoledor" y ha avisado que su partido irá "hasta el final para defender la Justicia" si el Gobierno otorga los indultos, presentando recurso ante el Supremo.

Aragonès insta al trabajo inmediato

Con motivo de la toma de posesión del nuevo gobierno catalán, Aragonès emplazó a los consellers a ir "más allá de la gestión" y a "identificar y priorizar aquellas medidas que se deben empezar a implementar de formar inmediata", porque " las múltiples crisis que padecemos exigen una respuesta urgente, sin dilación injustificada que pueda agravar la situación".

Según Aragonès, "la prioridad del Gobierno es la reconstrucción de las vidas de los ciudadanos de Cataluña después de la pandemia" y "poner las bases para la resolución del conflicto político con el Estado". Explicó que las primeras acciones de su Gobierno se centrarán en el rescate social y la reconstrucción económica, y también quiso dar una imagen de unidad del nuevo Ejecutivo de coalición entre ERC y Junts per Catalunya. Constató un "buen clima de trabajo entre los diferentes departamentos" y aseveró que trabajarán "como un equipo". Tras la visita a los presos del procés en su primer día como president el martes, hoy iniciará su agenda de encuentros institucionales con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.