La Generalitat obliga a la banca a ofrecer alquiler social en sus pisos ocupados

El Gobierno catalán ha aprobado este lunes un decreto de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda que incluye la obligación para los grandes tenedores –banca y fondos de inversión- de ofrecer un alquiler social durante hasta siete años a quienes estén ocupando ilegalmente sus viviendas desde hace más de seis meses y tengan acreditada su vulnerabilidad a través de los servicios sociales.

El Govern argumenta que la nueva norma busca solucionar los casos enquistados en un contexto de escasez de parque público de vivienda donde realojarlos, y que no se aplicará a nuevas ocupaciones porque quiere evitar un efecto llamada.

Los bancos y otras empresas propietarias de paquetes de viviendas deberán ofrecer la opción de alquiler social durante hasta siete años a cualquier persona que tenga problemas de pago de la hipoteca o el alquiler antes de iniciar cualquier acción judicial (hasta ahora eran tres años de alquiler social obligatorio).

El decreto también incorpora a la definición de grandes tenedores a los particulares con más de 15 viviendas en propiedad, que también deberán ofrecer alquiler social a sus inquilinos vulnerables durante hasta cinco años.

A estos particulares no les afecta la obligación para casos de ocupaciones ilegales, pero sí se incluyen en la nueva opción de la Generalitat de expropiar los pisos vacíos de grandes tenedores que lleven más de dos años vacíos pagando el 50% de su valor.

Esta novedad ya se incluyó en el decreto de medidas urgentes que la Generalitat aprobó en marzo, pero que luego retiró por falta de apoyos para su convalidación en el Parlament. Ahora, confía en que sí pase el trámite en el primer pleno de 2020, previsto para el 22 de enero, tras negociar modificaciones con el PSC y Catalunya en Comú Podem.

El nuevo decreto conserva medidas del anterior como que las viviendas de protección oficial conservarán indefinidamente esta condición, e incorpora novedades como que la administración catalana y los entes locales podrán ejercer su derecho de compra preferente de pisos que vendan los grandes tenedores no solo la primera vez que los sacan la mercado, sino en segundas y terceras rondas de reventa.

En general, el nuevo decreto persigue combatir las situaciones de emergencia habitacional en Cataluña -con 2.500 familias que esperan la asignación de un hogar por parte de los servicios sociales-, reducir los desahucios -18.000 en 2018, de los que el 65% fueron por no poder pagar el alquiler-, incrementar el parque de vivienda protegida y moderar los precios del alquiler del mercado libre.

Más reserva de suelo

Para aumentar el parque de vivienda de protección oficial, especialmente de alquiler, el Govern quiere incrementar el porcentaje de suelo que se debe destinar a este fin en los nuevos desarrollos urbanísticos municipales. Así, en el Área Metropolitana de Barcelona, la reserva deberá ser del 40% (ahora es del 30%) en suelos urbanos no consolidados y en suelos urbanizables delimitados.

Además, a través del Plan Territorial Sectorial de Vivienda de Cataluña, que se pretende aprobar antes de un año, la Generalitat quiere imponer un mínimo del 50% en suelos urbanizables delimitados y un 40% en suelos urbanos no consolidados en los municipios catalanes con elevada demanda de vivienda acreditada.

De momento, a través del decreto aprobado este lunes, los ayuntamientos catalanes deben realizar un inventario de suelo municipal en el margen de un año, y realizar una programación para su desarrollo en un plazo de dos años.

Además, en los suelos destinados a equipamientos, tanto de titularidad pública como privada, se permitirá el alojamiento temporal de personas en situación de emergencia.

Módulo único

Para animar la promoción privada de vivienda protegida, la Generalitat simplifica y actualiza los módulos que fijan el precio máximo de venta y alquiler de este tipo de viviendas, de manera que habrá un único módulo que tendrá en cuenta el coste del suelo, los costes de construcción y variaciones territoriales. Para el Área Metropolitana de Barcelona, habrá un único módulo común.

Desde la Generalitat reconocen que esta modificación seguramente encarecerá el precio de las viviendas de protección oficial, pero será más justo respecto a costes. Y es que actualmente muchos promotores renuncian a levantar viviendas de protección oficial argumentando que les supondrían pérdidas.

Índice de referencia

La Generalitat quiere impulsar un decreto que limite los precios del alquiler en Cataluña, pero mientras tanto, el decreto de medidas urgentes obliga a incluir su índice de referencia de precios del alquiler en la publicidad y contratos de alquiler.

Además, la Generalitat solo ofrecerá ayudas públicas para el fomento del alquiler a quienes estén alquilando viviendas por debajo de este índice de referencia creado por la administración catalana hace tres años.