La operación policial por el cambio de ataúdes antes de la incineración se salda con 14 detenidos

Agentes de la Policía Nacional y personal de la Agencia Tributaria han registrado este jueves varios tanatorios de Valladolid en los que se podrían haber producido cambios de ataúdes para incinerar otros más baratos, en una operación en la que se han practicado 14 detenciones.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León han confirmado que la operación está en marcha y que la investigación se inició en 2017. En la mañana de este jueves, un amplio dispositivo policial se ha personado en varios tanatorios de la empresa El Salvador en la capital vallisoletana y en otros municipios, como Santovenia de Pisuerga, así como en las oficinas del grupo en el centro de la ciudad.

El Juzgado ha decretado secreto de actuaciones, por lo que la información oficial no se aportará hasta que concluya la fase de investigación sobre el terreno. La operación se ha saldado con 14 detenidos por los presuntos delitos de estafa continuada y organización criminal.

Reutilizaban las coronas de flores

Los investigadores sospechaban que empleados de la funeraria sacaban los cadáveres de las cajas antes de la cremación y los metían en otros de baja calidad, al tiempo que reutilizaban las coronas de flores.

Se trata de una investigación por estafa que podría alcanzar un valor de varios millones de euros. Los registros se practicaron en varias oficinas de la Funeraria El Salvador.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha pedido "prudencia" ante la operación abierta y ha confirmado que estos hechos se llevan investigando desde 2017 y ha sido esta mañana cuando se han producido las primeras detenciones, al tiempo que ha pedido que se deje "desarrollar la operación policial" ya que está decretado el secreto de actuaciones por parte del juzgado.

Grupo El Salvador ha asegurado en un comunicado de que la operación policial es fruto de un intento de chantaje que sufrió en 2017 por parte de un extrabajador, que reclamó diversas cantidades económicas a cambio de no revelar determinadas prácticas irregulares que él, supuestamente, habría cometido.

Según la compañía, a raíz de esta acusación presentó una denuncia ante la Policía por un posible delito de extorsión que terminó en el Juzgado de lo Penal con una condena al extrabajador, jubilado de la empresa en febrero 2015, como autor de un delito de extorsión a la pena de un año de prisión. La sentencia, según la empresa, indicaba textualmente que el acusado chantajeó a la empresa, con el objetivo de que fuera mejorada su pensión de jubilación, y sin que en la citada sentencia se determinará actuación irregular alguna por parte de la empresa.

Además, asegura que "las actuaciones judiciales emprendidas en el día de hoy son una pieza separada del anterior procedimiento judicial y fruto de la denuncia interpuesta por el Grupo El Salvador; procedimiento, en el que desde el primer momento, nos hemos personado como acusación particular, con el firme propósito del esclarecimiento de los hechos y depurar responsabilidades, que en su caso, pudieran derivarse".

El Salvador también ha destacado que siempre "ha mantenido unos rigurosos controles que aseguran y garantizan la total transparencia en los procesos de incineración , con el objetivo de que sus clientes tengan la tranquilidad de que se cumple su voluntad en el servicio que se ofrece".

Además, se asegura que todos los crematorios del Grupo cuentan con salas desde la que los familiares pueden ver cómo el ataúd entra en la zona de cremación.