Los exdirectivos de Caja Segovia juzgados por las prejubilaciones millonarias piden archivar la causa

La falta de legitimación para la personación de la Fundación Caja Segovia como acusación particular ha sido el principal argumento de los seis exdirectivos de Caja Segovia que este martes se han sentado en el banquillo como acusados de apropiación indebida y administración desleal por el caso de las prejubilaciones millonarias.

Los seis exdirectivos son el expresidente Atilano Soto; el exvicepresidente Manuel Agudíez; la exvicepresidenta segunda Elena García Gil; el ex director general Manuel Escribano; el ex secretario general Antonio Tapias, y el antiguo responsable de Recursos Humanos Enrique Quintanilla, informa Efe.

Todos ellos, junto a los acusados a títulos lucrativo, los exdirectivos Miguel Ángel Sánchez, Óscar Javier Varas, Juan Magaña, Malaquías del Pozo y José Antonio Folgado, así como la aseguradora Caser, han recalcado en la presentación de cuestiones previas que la Fundación Caja Segovia "no ha podido demostrar el perjuicio" que le han causado la liquidación de los contratos a través de unas prejubilaciones, que superan los 17 millones, y, por tanto, no puede personarse como acusación particular.

Por eso, han pedido al tribunal un sobreseimiento que, a su juicio, está amparado en la "doctrina Botín", ya que se trata de una entidad privada y por tanto no hay intereses públicos o colectivos y, además, no cuenta con acusación particular porque no está legitimada ni tampoco con acusación por parte del Ministerio Fiscal.

Los abogados de la acusación popular que representan IU y la Confederación Intersindical de Cajas (CIC), así como el de la Fundación Caja Segovia, han criticado la intención de los acusados de desviar la atención de lo verdaderamente importante, la comisión del delito.

"Quiebra técnica"

En su opinión, incurrieron en apropiación indebida y administración desleal al desviar 17 millones a Caser para financiar las prejubilaciones cuando la entidad bancaria se encontraba en "quiebra técnica".

El abogado de la Fundación Caja Segovia, Rafael Iturriaga, ha detallado en declaraciones a los medios que la Fundación se ha considerado perjudicada "desde el primer momento", por lo que confía en el "buen criterio" del tribunal para que reconozca su personación como acusación particular y ha apostillado que el archivo es "la principal" baza de los acusados.

Ha detallado que Caja Segovia no transfirió todo el negocio parabancario como consecuencia de los acuerdos de segregación con el Banco Financiero y de Ahorros (BCA), como han alegado las diferentes defensas de los acusados.

Los beneficiarios a título lucrativo también ha argumentado la prescripción de las responsabilidades que se puedan derivar por unos contratos de "mutuo acuerdo" para el cobro de las prejubilaciones porque consideran que, según el Estatuto Básico del Trabajador, las objeciones tenían que haberse hecho en un año y según el Código Civil en cinco.

El abogado que defiende a varios de los acusados, entre ellos, Atilano Soto o Manuel Escribano, Luis Rodríguez Ramos, ha mantenido que esta situación está "al margen de cualquier hipótesis delictiva", incluso de "injusticias" en el orden laboral, civil, mercantil o administrativo.

Además, considera que en tal caso los perjudicados serían el BFA y después Bankia, que son los que se han subrogado en los derechos y obligaciones de Caja Segovia, pero son conscientes, según Rodríguez, de que "no tienen nada que hacer" y han renunciado a personarse.

El auto sobre las cuestiones previas se conocerá aproximadamente en una semana y en caso de que la decisión sea proseguir con el juicio en febrero, los seis exdirectivos acusados se enfrentan a penas de cárcel de entre tres y nueve años y los once se les solicita la restitución de las cantidades percibidas en concepto de prejubilaciones.