El Consejo de Cuentas de Castilla y León pide que se evalúe la efectividad de la Renta de Ciudadanía
elEconomista.es
Valladolid,
El Consejo de Cuentas de Castilla y León recomienda que ue la Gerencia de Servicios Sociales debería implantar un sistema de control y evaluación mediante indicadores que permita evaluar el cumplimiento de la finalidad de la prestación tanto en la atención de necesidades básicas como en promover la integración.
El Consejo de Cuentas ha entregado este lunes en las Cortes regionales el informe "Fiscalización operativa de la renta garantizada de ciudadanía", tras su aprobación en sesión plenaria. El trabajo consiste en una auditoría operativa sobre el procedimiento de gestión de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) en la Gerencia de Servicios Sociales (GSS) de la Comunidad. Así, el objetivo principal es valorar el cumplimiento de la finalidad de las prestaciones otorgadas y el seguimiento efectuado, para evaluar el nivel de eficacia y eficiencia alcanzado en la utilización de los recursos disponibles. El ámbito temporal de la auditoría es el ejercicio 2015, habiéndose finalizado el trabajo de campo en diciembre de 2017.
Junto a la verificación de la efectividad de la ayuda, de 522 euros, el Consejo de Cuentas recomienda también aprobar un manual de procedimiento de gestión actualizado y unificado, en virtud de los cambios normativos y de la experiencia acumulada desde la entrada en vigor de la prestación.
Por otra parte, teniendo en cuenta el incremento del gasto en la prestación producido en el periodo analizado, se debería aumentar el número de efectivos destinados en las gerencias territoriales a la gestión de la RGC, especialmente los dedicados a tareas de seguimiento. A su vez, la GSS debería promover un aumento de los efectivos de los CEAS dedicados a las funciones de seguimiento, que permita detectar en mayor medida situaciones de economía sumergida así como identificar la verdadera convivencia o composición familiar.
En este sentido, también debería aumentar el número y periodicidad de las reuniones de coordinación y las sesiones formativas con los CEAS, especialmente con los dependientes de las diputaciones.
La GSS debería tomar medidas para adecuar los plazos de resolución al procedimiento establecido. También debería implementar un plan anual de seguimiento con equipos propios separados de las funciones iniciales de reconocimiento de la prestación, cuyos resultados se recojan en un informe anual.
Finalmente, la GSS debería promover actuaciones con el ECyL, al objeto de potenciar tanto los servicios destinados a los perceptores de RGC, tratando de iniciarlos en plazos más breves, como las ofertas de empleo dirigidas a ellos.
Casi 73 millones
El gasto total en la prestación ascendió en 2015 a 72.975.958 euros, lo que supone el 9% del total de la GSS. Más de la mitad se realizó en las provincias de León y Valladolid, el 25% en cada una, seguida de Salamanca con el 13%, mientras que Burgos solamente supone el 7%. Los menores porcentajes recaen en Segovia y Soria con el4% y 2%, respectivamente. El gasto en RGC ha experimentado un crecimiento del 163% desde su entrada en vigor, derivado del aumento progresivo del número de titulares en nómina y de beneficiarios.
En las provincias más ricas
Existe en general una relación entre el PIB y el gasto en RGC, de manera que las provincias con mayor PIB de la Comunidad como León o Valladolid incurren también en mayores gastos en esta prestación, a excepción de Burgos, que a pesar de tener el tercer mayor PIB, es la provincia que menos gasto realiza en términos relativos.
El estado civil más probable es soltero, con una edad comprendida entre 25 y 45 años, con un nivel de estudios de educación primaria, su hábitat normal es la ciudad y su domicilio una vivienda en alquiler. Su situación laboral suele ser la de encontrarse sin trabajo habiendo declarado que perdió el empleo en los últimos 3 años.
El Consejo de Cuenstas constata que no existen sistemas de control y evaluación mediante indicadores ni se realizan informes de evaluación de resultados a efectos de comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la finalidad que se persigue con el abono de la prestación en su doble vertiente de atención de las necesidades básicas y promoción de la integración social.
El Consejo de Cuentas estima que aproximadamente el 12% de los titulares de RGC que figuraban en la nómina de diciembre de 2015 se han incorporado al mercado laboral en septiembre de 2017, mientras que cerca del 60% de ellos continúan percibiendo la prestación.