La Consejería de la Presidencia dedicará al despliegue del modelo de ordenación territorial el 70 % de su presupuesto
elEconomista.es
La Consejería de la Presidencia destinaráel 70 por ciento de su presupuesto, que asciende a 121,9 millones, al despliegue del nuevo modelo de ordenación territorial.
El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha comparecido este lunes ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para detallar el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2017 referente al departamento que dirige.
La Consejería de la Presidencia dispondrá de 121,9 millones de euros y de ese total las entidades locales recibirán 76 millones de euros. De Santiago-Juárez se ha referido a este Proyecto de Presupuestos como el primero que puede calificarse de presupuesto postcrisis y ha afirmado que "seguiremos avanzando en las prioridades políticas que nos marcamos al inicio de la legislatura.
Así, el consejero de la Presidencia ha destacado que el incremento presupuestario registrado se concentra en el modelo de ordenación del territorio y en las convocatorias de empleo público, dos objetivos íntimamente vinculados con una mejor prestación de los servicios a los castellanos y leoneses.
El Presupuesto de la Consejería de la Presidencia para 2017 asciende a 121,9 millones de euros, lo que supone un incremento de 2,7 millones de euros, un 2,27 % más que en 2016. Este presupuesto se dedica, fundamentalmente, a uno de los objetivos marcados para esta legislatura: fortalecer el proyecto de Castilla y León como Comunidad a través del modelo de ordenación del territorio. El presupuesto de esta consejería también contribuye a la consecución de otro de los objetivos de la legislatura: garantizar los servicios públicos a través de las políticas de personal, que afectan a los 84.000 empleados públicos de la Junta, y a través de otras competencias como la atención a los inmigrantes, emigrantes o retornados a la Comunidad.
El principal proyecto de la Consejería de la Presidencia para esta legislatura es el despliegue del modelo de ordenación del territorio, al que se destina casi el 70 % del presupuesto, excluidos los gastos de personal. El modelo de ordenación del territorio es un proyecto de Comunidad y siempre se ha planteado como un proceso presidido por la participación y el diálogo de todos los agentes implicados y, especialmente, por el diálogo político. En la pasada legislatura, la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio en 2013 contó con el voto favorable de 82 de los 84 procuradores. Al inicio de esta legislatura, los cuatro partidos políticos con grupo parlamentario propio suscribieron un acuerdo manifestando su voluntad de avanzar en el modelo de ordenación iniciado con la Ley de 2013.
La última pieza para culminar el modelo es el Mapa de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios Rurales, cuyo proyecto de ley ya fue remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Con la aprobación del mapa UBOST, se desbloquea el camino para aprobar las Áreas Funcionales Estratégicas y, sobre estas, elaborar el Plan Plurianual de Convergencia Interior y regular el Fondo autonómico de compensación.
El consejero de la Presidencia ha recordado que los cuatro objetivos fundamentales que persigue el modelo de ordenación son mejorar los servicios públicos y garantizarlos, de manera muy especial en el medio rural; apoyar el fortalecimiento de nuestros pequeños municipios a través de su asociación voluntaria; corregir desequilibrios territoriales; y apoyar a las entidades locales en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de estabilidad y disciplina presupuestaria.
El año 2015 fue el primero en el que los presupuestos recogieron partidas derivadas de los acuerdos alcanzados en ordenación. También en 2015 las entidades locales participaron en los ingresos tributarios de la Comunidad, una demanda histórica de los municipios que se hizo realidad en Castilla y León a través de una ley que regula, no solo la participación en los ingresos propios de la Comunidad, sino también en los cedidos, ampliando así las previsiones de ambas normas. Ninguna otra comunidad dispone de una regulación similar.