Los nuevos impuestos a la producción de gas y petróleo generarán ingresos millonarios en Castilla y León
Los municipios de Castilla y León recibirían 9 millones por cada emplazamiento de gas no convencional y 30 por cada campo de petróleo, según se ha puesto de manifiesto en unas jornadas en la que expertos, empresarios y sindicatos han analizado los beneficios de la Ley de Hidrocarburos para la Comunidad, los ayuntamientos y los propietarios.
Valladolid ha acogido este martes un desayuno informativo sobre los beneficios que la Ley de Hidrocarburos, reformada el pasado mes de mayo, establece para propietarios de terrenos, ayuntamientos y comunidades autónomas.
La jornada, organizada por la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos (ACIEP) en colaboración con Onda Cero, tenía como objetivo analizar el impacto económico de esta reforma legal en una comunidad, la castellanoleonesa, con una importante expectativa en materia de producción de hidrocarburos.
En su intervención, el director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, ha afirmado que España "no puede permitirse no explorar sus hidrocarburos convencionales y no convencionales". El director general se ha referido a la "oportunidad" que representa esta actividad "para la economía y el empleo de Castilla y León". Sobre las garantías medioambientales en proyectos de gas no convencional, González Mantero ha asegurado que organismos especializados, como el Instituto Geológico y Minero (IGME), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y las confederaciones hidrográficas, han emitido informes que consideran que las técnicas propuestas son viables.
Por su parte, la secretaria general de la asociación, Margarita Hernando, ha explicado en su ponencia en qué consisten los nuevos impuestos que se destinan a ayuntamientos, propietarios y comunidad autónoma: "Hasta un 8% a la producción de petróleo, hasta un 5% si es gas natural y hasta un 4% a la producción de gas natural no convencional". A estos tributos se suma un nuevo canon de 125.000 euros por cada sondeo en tierra.
El presidente de ACIEP, Francisco de la Peña, se ha referido a dos ejemplos calculados en base a lo establecido en la nueva Ley: un emplazamiento medio de gas no convencional podría generar para un municipio hasta 9 millones de euros, de los cuales 6 millones serían para el ayuntamiento y 3 para los propietarios de los terrenos. En el caso del petróleo, un campo generaría hasta 30 millones de euros: 20 millones para el ayuntamiento y 10 para los propietarios de los terrenos. Posteriormente, intervino la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios, y miembro de la Junta Directiva de CECALE, Ángela de Miguel, que se centró en la exploración y producción como oportunidad para el crecimiento de las empresas de Castilla y León: "España y Castilla y León necesitan energía competitiva para que sus empresas puedan competir en un escenario global". Defendió la exploración y producción como medio para reducir los "excesivos" costes energéticos que tienen que soportar las empresas en España.
Apoyo de CC.OO.
Cerraron las intervenciones los representantes sindicales. Francisco Blanco, de la Federación de Industria de CC.OO., que señaló que "el shale gas ha llegado para quedarse", y que "la autonomía energética es sinónimo de paz y estabilidad", además de una oportunidad para el empleo en un país que soporta más de un 20% de desempleo. Blanco aseveró que no tiene sentido "dificultar o impedir estudios exploratorios que puedan aportar datos concretos sobre la energía" y que "Castilla y León debería conocer su potencial energético". El representante sindical pidió a las instituciones académicas que "elaboren planes de estudio y formación de las nuevas profesiones emergentes para garantizar la empleabilidad de jóvenes y parados" cerca de donde se desarrolle la actividad. Juan Pedro Martínez Bastida, de Fitag-UGT, se refirió a la importancia de "las buenas prácticas" en las que incide el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas como medio para garantizar la seguridad en las prospecciones.