Castilla y León

El pago de las ayudas a pymes y autónomos de Castilla y León, más cerca tras recibirse la información de la AET


    Rafael Daniel
    Valladolid,

    La Agencia Tributaria ha enviado ya la información solicitada por la Junta de Castilla y León para que las primeras 2.184 solicitudes de ayudas lleguen a pymes y autónomos. El Ejecutivo regional ha enviado otras 1.188 nuevas.

    Fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda han confirmado que la información requerida para comprobar si cumplen los requisitos de bajada de ingresos por la pandemia han llegado el pasado viernes.

    No obstante, desde el Ejecutivo regional se advierte que la complejidad de la información, con datos que hay que cruzar en algunos casos, no permitirá que se empiecen a pagar todas de forma automática.

    Mientras, el departamento que dirige Carlos Fernández Carriedo, ha enviado a la Agencia Tributaria otras 1.188 solicitudes tramitadas, que han sido recibidas entre el 31 de mayo y el 6 de junio. Estas se suman a las 2.184 enviadas la semana pasada y que correspondían al periodo del 20 al 30 de mayo. Un 40% pueden quedarse sin pagar

    Tras enviar la documentación, la Agencia Tributaria debe certificar que los solicitantes cumplen los requisitos exigidos en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, entre los que se encuentra que su volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración Tributaria en el IVA en 2020 deberá haber caído más de un 30 % con respecto a 2019.

    Requisitos

    En el caso de que aplique el régimen de estimación objetiva en el IRPF no será necesario justificar la reducción en el volumen de operaciones, siendo solo preciso estar incluido en alguna de las actividades previstas en los códigos de la CNAE de los sectores subvencionables.

    La convocatoria de la Junta incluye un total de 184 sectores de actividad, 89 más que los propuestos por el Real Decreto Ley, lo que supone incrementar un 94 % las actividades económicas a las que pueden llegar estas ayudas y con ello ayudar al mayor número de empresarios afectados por la pandemia.

    Las ayudas se emplearán para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como costes fijos que hayan tenido los autónomos y empresas, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público, siempre y cuando las deudas se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 5/2021.

    Importe de las ayudas

    Respecto a la cuantía de la ayuda, para los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva de tributación por módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el límite máximo de ayuda será de 3.000 euros. Por su parte, la Junta, dentro de su margen de decisión, atenderá especialmente al colectivo de pequeños autónomos, empresarios y profesionales, otorgando el límite máximo previsto en la normativa (3.000 euros).

    Para el resto de empresarios y profesionales, sin perjuicio de que se pueda incrementar si hubiera crédito disponible y de forma proporcional a la caída del volumen de operaciones de 2020, el importe inicial será de 4.000 euros.

    En el caso de que por agotamiento del crédito asignado por el Real Decreto Ley no sea posible atender a la totalidad de la solicitudes presentadas, la Junta de Castilla y León podrá articular, con cargo a crédito autónomo, un nuevo procedimiento dirigido a apoyar igualmente la solvencia y a reducir el endeudamiento de empresas y autónomos.

    Tramitación electrónica

    La Junta de Castilla y León ha articulado un procedimiento ágil y simplificado para la tramitación de las solicitudes, con la menor carga burocrática para los solicitantes, utilizando siempre que sea posible la fórmula de la declaración responsable y sin exigir requisitos adicionales a los previstos en la normativa. Así, en todo el procedimiento será obligatoria la tramitación electrónica.

    El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 6 de julio, mientras que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución se ha fijado en el 31 de diciembre de 2021.