El sector público de Canarias vende sus bitcoins por "ética"

Las autoridades canarias han comenzado a desmantelar las inversiones públicas en bitcoin atendiendo a razones éticas. La empresa oficial ITER, que se dedica desde Tenerife a la investigación en tecnología y energía ha ordenado a sus servicios de tesorería vender donde proceda y pagar los impuestos correspondientes a monedas virtual que al cambio actual generarían unos ingresos de 1 millón de euros. Es una de las cosas más pintorescas que el PSOE se ha encontrado en la Rumasa de 70 empresas públicas que tiene el Cabildo de Tenerife y en manos nacionalistas desde 1993. Una cifra que no puede compensar el descuadre de las cuentas del ITER por valor de 12 millones de euros y que ha sido puesto en conocimiento de las autoridades judiciales. De esos 12 millones de euros, el ITER colocaría entre 15.000 y 20.000 euros en bitcoins y, con la revalorización, su beneficio estaría en algo más de un millón de euros.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, del PSOE, apunta que "me sorprendió la posibilidad de que pudiéramos tener un banco de bitcoin en el ITER, una especie de posibilidad de tener un almacén. Son situaciones muy extrañas. Ese no es uno de los mayores problemas: los bitcoins. Esto forma parte de una serie de problemas que hemos ido encontrando". Para Martín "yo creo que es una moneda que no rinde cuentas al fisco, no creo que sea oportuno que la gestione un Cabildo de la isla".

El auge de las criptomonedas, que han marcado esta semana cotizaciones récord tras el respaldo de empresas como Tesla o Mastercard, ha llevado a los organismos supervisores y al propio Gobierno español a alertar de que estos activos no cuentan con un marco legal que proporcione una protección adecuada a los inversores. Al margen de la normativa que prepara la Unión Europea (UE), en España se encuentran en fase de tramitación dos iniciativas legislativas que afectan a las criptodivisas, aunque no se trata de regulaciones específicas, ya que están ligadas a la prevención del fraude fiscal, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV) y el Banco de España consideran que hay riesgo alto riesgo de invertir en criptomonedas por su complejidad, volatilidad y falta de transparencia. Los supervisores recuerdan que la inversión en criptomonedas no cuenta con las garantías y la protección que tienen otro tipo de productos financieros. Según el economista y asesor fiscal especializado en criptomonedas José Antonio Bravo Mateu, esa norma introduce dos grupos de declaraciones informativas. La primera de las declaraciones informativas persigue que las empresas dedicadas a la compraventa de criptomonedas y a la custodia de claves privadas informen a la Administración de sus saldos y de las transferencias que se produzcan.

La segunda de las declaraciones informativas obliga a incluir en el modelo 720 de Hacienda -en el que se declaran las operaciones en el extranjero- las criptomonedas que se encuentren depositadas en empresas de compraventa o custodia de criptoactivos fuera del territorio nacional. Según Bravo Mateu, el Anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo pretende introducir nuevas obligaciones para las casas de compraventa de criptomonedas en esos ámbitos. El experto recuerda que en este momento los inversores que posean criptomonedas solo deberán declarar las ganancias y perdidas patrimoniales que se hayan producido en su transmisión. En esta situación, proveedores de servicios de criptoactivos como Bitnovo apuestan por un desarrollo de la regulación de las criptomonedas en España.