El coste de las nuevas provisiones para la gran banca se eleva a 4.400 millones

La nueva normativa de provisiones, conocida como IFRS9, que entró en vigor el 1 de enero de este año, va a tener un impacto mayor de lo que esperaba el sector. Los cálculos realizados por la gran banca apuntan a un coste de casi 4.400 millones de euros.

Este efecto, que se asumirá en el patrimonio de las entidades en el primer trimestre del presente ejercicio, es un 16,7% superior a lo que los propios grupos habían estimado en verano. Es decir, unos 628 millones más.

En concreto, el Santander -que incluye el Popular-, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell van a realizar dotaciones por un importe conjunto de 4.379 millones de euros, debido a las nuevas reglas, cuya principal modificación es el cambio de contabilización de pérdida incurrida a pérdida esperada.

La entidad más castigada por las modificaciones son Sabadell si se tiene en cuenta la disminución de sus recursos propios de capital ordinario CET1 fully loaded -es decir, anticipando en su totalidad Basilea III-, aunque en importe, el Santander y BBVA son las que más dinero han tenido que destinar a la hucha para afrontar quebrantos.

El Sabadell espera un impacto de unos 900 millones, que rebajará su nivel de capital en 78 puntos básicos, por encima de sus estimaciones iniciales, que apuntaban a algo más de 60 puntos. Con esta dotación extraordinaria, la cobertura de sus activos problemáticos se incrementará hasta el 55%.

Por su parte, CaixaBank verá cómo su solvencia de máxima categoría se reduce en 15 puntos básicos como consecuencia de la IFRS9, que se traducirá unas provisiones adicionales de 750 millones. Hace unos meses, la entidad catalana confiaba en un impacto similar al que finalmente tendrá, con lo que se sitúa como la menos perjudicada.

Carga inmobiliaria

Los dos grupos catalanes cuentan con las mayores cargas inmobiliarias del sector, ya que tanto el Santander como BBVA han llegado a acuerdos para vender buena parte de los activos tóxicos a fondos de inversión y Bankia traspasó en 2012 la inmensa mayoría de pisos y suelos a la Sareb en el marco de su rescate financiero. Pese a esta transferencia, la absorción de BMN ha aumentado los activos relacionados con el ladrillo a más de 6.500 millones. Según el banco nacionalizado, tendrá que llevar a cabo dotaciones extraordinarias por la nueva normativa contable por importe de unos 400 millones o el 0,38% de sus fondos propios.

Los dos gigantes del sector, tanto BBVA como el Santander, esperan un impacto similar, de unos 1.200 millones en cada caso, aunque para el primero el coste en capital será mayor, de 31 puntos frente a los 20 del segundo.

Las entidades, pese a este ajuste, mantendrán niveles de solvencia por encima de las exigencias regulatorias y de los umbrales que reclama el mercado. Aún así, los cálculos difieren algo sobre las estimaciones que hacía incluso el Banco de España, que aseguraba que no iba a haber grandes diferencias en el consumo de capital entre los diferentes grupos y que el efecto medio se situaría en torno a 45 puntos básicos. Los datos actualizados de los principales grupos ponen de manifiesto consecuencias dispares y refuerzan las tesis de que algunos bancos de mediano tamaño podrían tener dificultades para asumir el coste de la normativa.

Tanto el servicio de estudios de BBVA como la consultora Álvarez & Marsal sostenían que el sistema español sería el más perjudicado por la combinación de la entrada en vigor de la IFRS9 y los test de estrés que realizará el regulador continental a lo largo de este ejercicio, por la exposición elevada al inmobiliario y por el incremento de las pérdidas esperadas de estos activos ante escenarios económicos más adversos.

BBVA calculaba unas exigencias de 5.200 millones para el conjunto del sector en nuestro país como consecuencia de las nuevas dotaciones, lo que podría llevar a algunas entidades a llevar sus ratios de solvencia al límite de los requerimientos o incluso por debajo si se aplicasen los criterios de una pruebas de resistencia.

Se espera que en las próximas semanas se conozca el impacto en los bancos de mediano tamaño. Hasta la fecha, Bankinter es el único que ha informado del coste que tendrá la IFRS9. En su caso, debido a su bajo perfil de riesgo y a su escasa presencia en el inmobiliario, tendrá que destinar unos 20 millones de euros a dotaciones.

El mayor impacto de la normativa se debe principalmente, según el Banco de España, al cambio introducido en el cálculo de provisiones para los activos normales en vigilancia especial (stage 2, según la denominación de la NIIF 9).

Si hasta ahora se provisionaba teniendo en cuenta las pérdidas incurridas con una presunción de 12 meses, a partir de ahora se deberá considerar la probabilidad de impago a lo largo de toda la vida de la operación.