Luz en la 'Operación Sombra': así ayudó el ICBC a lavar millones de criminales chinos en España

En 2016, el mayor banco del mundo por activos, el Banco Industrial y Comercial de China, el ICBC, se vio involucrado en una investigación sobre lavado de dinero masivo desde España. La Guardia Civil registraba su sede en Madrid en un caso que retrata el funcionamiento del comercio chino clandestino en España que prosperó al calor de la crisis. La Fiscalía afirmó que el dinero provenía del fraude fiscal y el contrabando de "organizaciones criminales de ciudadanos chinos".

Desde entonces, poco más se ha hecho público del caso, denominado 'Operación Sombra', pero la agencia Reuters recoge en un extenso reportaje algunos puntos clave tras haber tenido acceso a documentos oficiales. Según la investigación, la red del banco utilizaba varias cuentas a nombre de residentes chinos en España, en algunos casos sin su permiso, para realizar transferencias por un valor acumulado de 1.200 millones de euros entre 2009 y 2012. Varios directivos de la sucursal madrileña fueron arrestados entonces por estar involucrados en la actividad criminal.

En el núcleo del caso ICBC están la relación entre el banco y un grupo de clientes de la próspera comunidad empresarial china de España. Se alega que estos clientes han acumulado montañas de dinero en efectivo, en gran parte evitando aduanas e impuestos sobre la venta de bienes de consumo importados de China. No podían gastarlo ni depositarlo en España sin levantar sospechas, por lo que optaron por enviarlo a cuentas bancarias en su país.

Las transcripciones del proceso muestran cómo ICBC supuestamente les ayudaba a hacerlo: los banqueros aceptaban documentos falsificados para ocultar la fuente de los fondos, no reportaban transacciones sospechosas e incluso informaron a los grupos de contrabando de las inspecciones en el banco, según la policía.

Según ha podido saber Reuters, la investigación podría ampliarse: los fiscales planean pedir al juez encargado del caso que convoque por primera vez al consejo de administración europeo de ICBC, con sede en Luxemburgo, para ser interrogado, según dos funcionarios españoles que participan en la investigación. La filial luxemburguesa de ICBC posee la licencia bancaria de la Unión Europea y es responsable de supervisar la sucursal de Madrid.

Problemas casi desde su fundación

Las declaraciones de los tribunales y las transcripciones de escuchas revisadas por Reuters muestran que solo ocho meses después de la apertura en Madrid, en enero de 2011, el ICBC ya estaba ofreciendo servicios para transferir dinero a China a personas bajo vigilancia policial. Estas transferencias representaron pronto un 95% del negocio de la sucursal de Madrid. Además, estas transcripciones recogen al menos 30 conversaciones de ejecutivos de ICBC con seis líderes de redes chinas en España, que la policía cree que estaban buscando nuevas vías para lavar dinero; así como conversaciones de los empleados aconsejando sobre formas de enviar dinero a China y alertando sobre el riesgo de estos movimientos, que podían llamar la atención de las autoridades.

Así, entre 2011 y 2013, la sucursal del ICBC en Madrid transfirió unos 225 millones de euros a China, la mayor parte llevada a cabo por redes criminales sospechosas. En el mercado de la operación, la policía española arrestó a siete ejecutivos de ICBC en Madrid. Los siete están en libertad bajo fianza. Todos ellos tienen sus pasaportes confiscados y están en espera de nuevas citas judiciales en España. Por ahora, ninguno de los sospechosos ha sido acusado formalmente. Si fuesen condenados por lavado de dinero, los banqueros podrían ser encarcelados por hasta seis años. Si el banco es considerado cómplice, podría incurrir en una multa importante.

Licencia bancaria europea

Sin embargo, el mayor peligro para el ICBC es que su licencia bancaria europea podría llegar a ser retirada si el supervisor de Luxemburgo lo pide al Banco Central Europeo (BCE) al encontrar pruebas suficientes de que no cumplió la normativa contra el blanqueo de dinero.

El ICBC es un buque insignia en la ambición de China de convertirse en un gigante bancario global. A instancias del gobernante Partido Comunista, este y otros bancos estatales chinos se han expandido agresivamente hacia mercados exteriores, y perder la licencia bancaria en Europa podría suponer un revés.

El caos en España no es el único en el que se ha visto envuelto un banco chino. En Italia, el estatal Banco de China fue multado este año por su participación en un caso separado de lavado de dinero. El banco dijo que había reforzado sus controles internos y que el acuerdo para pagar el importe y cerrar el caso "no implica ninguna admisión de culpabilidad".

Para los países europeos, mientras tanto, las investigaciones plantean el riesgo de un conflicto diplomático con Pekín que podría afectar las relaciones comerciales con la segunda economía más grande del mundo. Un portavoz de la Unidad de Delitos Graves de la Guardia Civil española dijo que la policía estaba trabajando con autoridades "en muchos otros países", sin dar más detalles.

Crisis diplomática

De hecho, la investigación ha alarmado tanto a Pekín que el máximo funcionario chino en Madrid ha presionado públicamente a los funcionarios españoles para que concluyan la investigación, advirtiendo de que si no lo hacían, las relaciones económicas bilaterales se verían dañadas. Un conflicto diplomático entre bastidores, con China particularmente indignada por el mediático registro y por las amplias informaciones en la prensa, que vinculaban los arrestos con la "mafia china". Tras el registro, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China anunció que había pedido a España que protegiera los "derechos e intereses" de las empresas y ciudadanos chinos.

El embajador de China en España fue más incisivo en una conferencia sobre inversiones el pasado mes de marzo. "Ha pasado más de un año desde que se ha presentado el caso", dijo Lv Fan en Madrid. "Esto ha socavado la confianza de los empresarios chinos y la inversión aquí, y también del gobierno. Una solución a tiempo contribuirá a devolverles esta confianza y que la cooperación entre los dos países vuelva a la normalidad". El exministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, negó que hubiera habido una crisis diplomática con China sobre el caso. "Ni hubo presión, ni la hubiéramos tolerado. Las aguas se encauzaron desde el punto de vista mediático y fin de historia", explicó terminando abruptamente la entrevista de Reuters.

Dinero ilegal y facturas falsificadas

En el marco de esta "Operación Sombra", la fiscalía anticorrupción española asegura que los presuntos delincuentes llevaban miles de euros en efectivo a la sucursal del banco, dentro de mochilas y cajas. ICBC dividía los fondos transferidos a China entre varias cuentas para asegurarse de que no excedieran el límite de 50.000 euros por encima del cual habría tenido que declararse a las autoridades. El banco no informó de ninguna transacción sospechosa según lo exigido por la legislación española en relación con 78 de sus clientes, muchos de los cuales estaban siendo investigados por sospechas de estar involucrados en diversos delitos, incluyendo lavado de dinero, fraude fiscal, soborno, extorsión, falsificación y contrabando.

De acuerdo con los documentos confidenciales del proceso judicial, los miembros de estas organizaciones criminales sospechosas usaron documentos falsos como pasaportes falsificados para abrir cuentas en la sucursal de Madrid del ICBC. Los empleados de ICBC son sospechosos de aceptar facturas falsificadas para justificar el origen del dinero transferido a China.

Expansión china en España

España ha sido el hogar de una próspera comunidad china durante décadas. Residentes establecidos y una afluencia constante de nuevos inmigrantes, muchos del condado de Qingtian en la provincia china de Zhejiang, descubrieron que la crisis financiera global proporcionaba una oportunidad ideal para expandirse. Sus productos eran baratos y las empresas españolas luchaban por la supervivencia. De este modo, los productos fabricados en China inundaron España. Las importaciones procedentes del país pasaron de 4.700 millones de euros en 2000 a 18.900 millones en 2010, según el Ministerio de Economía.

Una muestra de esta expansión fue la aparición de polígono industrial de Cobo Calleja en las afueras del sur de Madrid. El emplazamiento se convirtió en uno de los mayores centros de comercio de productos chinos en toda Europa. El denso complejo de almacenes y puntos de venta al por mayor vende una gran variedad de productos a granel - desde lápiz de labios hasta compresores industriales, zapatos de ballet, sombreros de fiesta, cacerolas o banderas nacionales -.

Muchos de los importadores sólo declaraban una fracción del valor de cada contenedor que importaban, sabiendo que los fiscales y las aduanas no podían inspeccionar todos los contenedores que llegaban a Europa, según un alto funcionario español. Sin embargo, una vez que los importadores vendían los productos no declarados, debían ocultar los ingresos a las autoridades fiscales españolas. Así, las redes de comerciantes se convirtieron en bandas de delincuentes al involucrarse sistemáticamente en evasión de impuestos, contrabando y lavado de dinero para ocultarlo y sacarlo en dirección a China, y algunas transcripciones no dejan lugar a dudas.

En una llamada telefónica, Zhou Jianjun, un policía sospechoso de liderar una red de lavado de dinero en España, aseguraba a un socio que "si Colombia es conocida por las drogas, los países africanos por el conflicto, bueno, China es conocida por el contrabando". Zhou fue arrestado en octubre de 2012 y luego puesto en libertad bajo fianza.

Grupo especializado en blanqueo

Dentro del ICBC había un grupo "dedicado al envío masivo de dinero desde nuestro país a China", que utilizaba códigos secretos para encubrir sus operaciones. Por ejemplo, el dinero era denominado "mercancía" y aludían a una suma de 10.000 euros con el término "unidad", según el relato judicial. Algunos de los miembros más destacados lograron huir a China tras ser puestos en libertad bajo fianza en noviembre de 2012. Se han emitido órdenes internacionales de arresto, de momento infructuosas.

Los archivos judiciales muestran que la dirección de ICBC en España sabía que la policía estaba llevando a cabo una investigación más de tres años antes del registro de 2016. Como parte de la Operación Emperador, el Tribunal Supremo autorizó a la policía en noviembre de 2012 a investigar el banco en relación con las pruebas recogidas en las escuchas telefónicas.

El juez Fernando Andreu ordenó a ICBC congelar inmediatamente todos los activos financieros vinculados a las personas bajo investigación, cancelar todas las transferencias pendientes y proporcionar información sobre estos clientes a los investigadores. ICBC cumplió con partes de la orden, como los servicios de transferencia de dinero que proporcionaba a los grupos. Pero los fiscales dijeron que ICBC no había cumplido con las órdenes judiciales en relación a la información sobre clientes bajo sospecha y que el banco había obstruido deliberadamente la investigación proporcionando información engañosa sobre sus clientes, sus facturas y las cuentas bajo investigación.

De todas formas, los grupos de contrabando chinos utilizaban otras usando otras instituciones financieras para blanquear dinero. La unidad española de inteligencia financiera para prevenir el blanqueo, Sepblac, detectó flujos de cantidades inusualmente altas a China en 2009, principalmente a través de compañías de transferencia de efectivo. Posteriormente, sancionó a dos empresas por transferir cientos de millones de euros a China de forma irregular.

De hecho, estas sanciones podrían haber provocado que los delincuentes se trasladaran precisamente al ICBC, que acababa de abrir oficina y cuyos controles sobre el lavado de dinero generaban dudas entre sus propios empleados, especialmente por el enorme volumen de dinero en metálico que se manejaba. Desde el banco se argumentaba simplemente que los chinos trabajan de manera diferente a los europeos.

Las conversaciones interceptadas entre miembros de las redes criminales sospechosas sugieren que ICBC fue más receptiva que los bancos locales después de que España endureciese las reglas de lavado de dinero en 2010. Hacia finales de 2015, pocos meses antes del registro, la preocupación en ICBC era alta, según afirmaron dos exempleados. Alrededor de esa época, dijeron, la dirección general de ICBC en España ordenó revisar todos los registros de clientes y transacciones de las ramas de Madrid y Barcelona para "limpiarlos" y corregir cualquier irregularidad. Wang Jing, una de las directivas del banco arrestada en la operación, decían, trabajó de las 8.30 de la mañana a las 10 de la noche, todos los días durante varias semanas, recopilando y ordenando archivos.