El Santander se expone a una oleada de demandas por el Banco Popular

Ni 24 horas. Un grupo de accionistas del Popular ha activado a escasas horas de perderlo todo con la intervención y adjudicación al Santander, la maquinaria para reclamar su dinero. La primera querella llegó en nombre de un inversor, por el despacho Fonfría Abogados por supuestos delitos societarios y contra el mercado por ampliar capital en 2016 con cuentas erróneas. Su querella va contra el consejo de Ángel Ron, que firmó dichos balances, y los de la auditora PwC que los validó.

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) denunció a su vez ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional la comisión de dos posibles delitos contra el mercado y por administración desleal por la potencial trama montada por el grupo de inversores mexicanos liderado por Antonio del Valle para tomar el control de la entidad y ganar apostando al desplome en bolsa.

En su escrito, con el que insta a la Fiscalía a investigar lo acontecido desde que el magnate azteca desembarcó en el Popular e iniciar acciones legales, apunta a del Valle y cuestiona la gestión de Emilio Saracho por ser un "viejo compañero" en la nómina de JP Morgan. La demanda la presenta a través del bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo y tras constituir una agrupación de minoritarios que arranca con 385 accionistas, dueños del 3,5% del Popular.

Es la primera actuación conocida. No será aislada. Se presume una avalancha de demandas después de un desenlace que ha aniquilado las inversiones de más de 300.000 accionistas y la posición de los tenedores de bonos convertibles (CoCos) y deuda subordinada, y buscarán responsabilidades en todas las piezas del puzzle, salpicando de lleno al adjudicatario Santander.

Grandes y pequeños ahorradores lo han perdido todo y a buen seguro actuarán. La fortuna chilena Luksic, que adquirió un 3% del banco con Saracho ya al mando, analiza "una posible apelación, convencida de que el banco tiene valor", tal y como explica el mismo Andrónico Luksic en su cuenta de twitter, aunque en su caso evalúa dirigirla al "inédito" mecanismo de resolución aplicado por el Banco Central Europeo (BCE).

Apunta, por tanto, a la propia operación y que coge de frente al fondo de resolución (el SRB europeo y su 'delegación' española Frob) y al Santander. Despachos, con líneas de negocio especializadas en demandas financieras masivas (Caso Bankia, preferentes, cláusulas suelo, etc) como Arriaga y Asociados o Lean Abogados se han apresurado también a buscar clientes informando sobre las posibilidades de litigar de los afectados.

A diferencia de otros casos judicializados, el foco de exposición es internacional. Una decena de despachos en EEUU, de los que facturan con querellas masivas, se publicitaron para recurrir cuando la entidad destapó en abril "errores" en las cuentas de 2016 y anteriores por valor superior a 600 millones.

En la diana

En la diana cabe casi de todo: exgestores del equipo de Ángel Ron, sobre todo por la ampliación del año pasado, de la administración liderada por Saracho por la deriva última del banco y su amargo final; auditoras -PwC-, y todo el espectro de supervisores y ejecutores de la resolución -el mecanismo de supervisión único y la junta de resolución bancaria común-.

Pero a la hora de responder o resarcir al inversor, las miras se giran hacia el Santander. El ministerio de Economía afirmó el miércoles que este banco responderá por los conflictos legales y en Frob explicaron que la adjudicación carece de esquemas de garantía. Sí las hubo en la subasta de la CAM, Unnim, CCM y Banco de Valencia; y el Estado acabó resarciendo, con otro sistema, a ahorradores y preferentistas de Novagalicia, Ceiss o Bankia.

La presidenta del Santander, Ana Botín, relativizó la continencia porque el Popular ha provisionado los litigios por cláusulas suelo y el precio de compra incluye el riesgo. En el banco entienden, en todo caso, que la transacción la decidió la autoridad de resolución (SRB), lo que les exonera de responsabilidades.

A pesar de la vertiginosa velocidad con la que se decidió y ejecutó la solución para un Popular a riesgo de colaras por asfixia, el Frob se ha preocupado de 'blindar' el proceso. En el documento que explica y justifica la decisión, el organismo explica que para aspirar a un resarcimiento debe constatarse que la liquidación directa del Popular, vía proceso concursal, habría sido menos lesiva para sus intereses.

El Frob modificó además los estatutos del banco nada más tomar su control para evitar que el articulado donde dar parte del número de acciones en circulación abriese un resquicio al litigio -el cómputo final de títulos se incrementa durante el autorrescate interno, vía bail in, ya que entrega acciones a tenedores de CoCos y de deuda subordinada antes de llevar a cero dichos títulos-.

A fecha actual y con la querella de Fonfría Abogados y la denuncia de Aemec ya se involucra a la auditora PwC, al consejo de administración de Ron y apunta a su sucesor, Saracho y al inversor Del Valle.