El juez investiga si el Santander ayudó a los Botín a ocultar el 8% de Bankinter

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado en calidad de investigados a siete directivos del Banco Santander y otros tres de BNP Paribas por colaborar en un presunto delito de blanqueo de capitales a través del banco suizo HSBC Private Bank Suisse y en la ocultación, además, del 8% de Bankinter en manos de los hermanos Emilio y Jaime Botín.

Según un auto dictado este miércoles, "la propiedad formal de estos títulos era ostentada por la sociedad panameña North Star Overseas Enter INC, siendo su titularidad real de Emilio y Jaime Botín Sanz de Sautuola".

El encargado de la custodia de las acciones, entre agosto de 2007 y julio de 2010, fue Santander Investment, hasta que HCBC Private Bank Suisse traspasó la tenencia de sus valores españoles a la sucursal en el país de BNP Paribas.

La propiedad se mantuvo oculta hasta que fue revelada por las autoridades francesas a la Agencia Tributaria española, tras la aportación de documentos por parte de Hervé Falciani, el exempleado del HSBC que extrajo información de más de 130.000 evasores fiscales. Según el juez, las acciones en Bankinter de los Botín no sólo se ocultaron bajo la sociedad panameña, sino que "en los registros de la entidad española figuraba la supuesta titularidad del HSBC Private Bank Suisse".

Ante todo ello, Santander aseguró en un comunicado que "ha colaborado de forma activa con el juzgado, dando respuesta con diligencia a todos los requerimientos que ha recibido, lo que ha supuesto la aportación de toda la documentación requerida", insistiendo además en que "en su operativa como banco corresponsal con HSBC Private Bank -vigente hasta el 25 de octubre de 2012- ha cumplido escrupulosamente la normativa".

De la Mata recuerda que la ocultación por parte de los Botín de las acciones de Bankinter fue sancionada ya por la CNMV. La Audiencia Nacional anuló en diciembre de 2014 la primera sanción, impuesta por el Ministerio de Economía a Jaime Botín por 700.000 euros, por entender que se impuso "haciendo caso omiso" a que el procedimiento había superado los 18 meses legales, aunque el año pasado, el regulador volvió a sancionar al banquero por declarar que tenía un 16% de Bankinter, cuando en realidad posee casi el 24% del banco.

El juez recuerda, además, que las diligencias de investigación contra los hermanos Emilio y Jaime Botín y sus respectivos hijos por los presuntos delitos contra Hacienda fueron archivados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, "tras la regularización llevada a cabo", entendiendo que no había habido ningún delito fiscal.

La familia Botín pagó 211 millones a la Agencia Tributaria después de que, según la documentación que aparecía en la lista Falciani, revelara que podrían haber llegado a ocultar más de 2.000 millones a través de cuentas y sociedades en Panamá y las Islas Vírgenes.

De la Mata, titular del juzgado número 5, investiga asimismo movimientos de fondos de clientes de HSBC con residencia en España, vinculados igualmente a la lista Falciani. En concreto, según el auto dictado el miércoles por el juez, "entre 2005 y 2008 se canalizaron a través del Banco Santander 1.070 operaciones por importe de 73,95 millones de clientes del HSBC Private Bank Suisse para hacer pagos en España a clientes de otros bancos y cajas españolas".

Investigados

Los citados a declarar por parte del Santander son, por ello, los máximos responsables en la prevención de delitos de blanqueo. Se trata, en concreto, de Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, secretario general del Banco Santander y presidente del Comité de Análisis y Resolución desde marzo de 2005 hasta julio de 2014; José Manuel Arraluce, director de cumplimiento durante el mismo periodo; Carlos Infesta Fernández, responsable de prevención en el ámbito de banca mayorista; Carlos Fernández García, director del Departamento Central de Prevención de Blanqueo de Capitales entre 2005 y 2013; Jesús Álvarez Ramírez, también del mismo departamento como responsable de banca privada, Jesús Rivero González, del Departamento Central de Extranjero y Marta Mora Villarrubia, del Departamento de Instituciones Financieras.

En su auto, De la Mata explica que solicitó al Santander la redacción de una serie de informes complementarios una vez que detectó el envío sistemático por parte de la entidad de transferencias con el campo del ordenante y/o el beneficiario en blanco, falta de explicaciones, operativas mezcladas y campos rellenos con datos que nada tenían que ver en principio con la operación consignada.

Recibida la documentación, se presentó un informe en el que se describen "una serie de operativas (...) utilización y aprovechamiento de fondos, depósitos y valores, ocultos al Erario Público español". Estos movimientos , señala el juez, "pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales".