Los clientes que han hundido Banco Madrid ya operaban antes de la llegada de BPA

El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, afirmó hace una semana que BPA había contaminado Banco Madrid una vez adquirido, a mediados de 2011. Pero, según el informe elaborado por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio, todo parece indicar que la entidad, en el momento de la compra por parte del grupo andorrano, estaba ya 'manchada' por clientes con operaciones que pueden calificarse de sospechosas. Al menos desde 2007.

Aún así, la gravedad de las acusaciones en las transacciones que señala el Sepblac son menores a las detectadas en BPA por las autoridades norteamericanas, ya que en el caso español no se han detectado, al menos, por ahora, cobro de comisiones por parte de directivos de la entidad vinculadas a transacciones de lavado de dinero de organizaciones criminales.

El informe del Seplac, elaborado entre abril de 2014 y febrero de este año, apunta a operaciones que Banco Madrid debía haber advertido como sospechosas por indicios de blanqueo de capitales. En su opinión, hay casos además, en los que la entidad debería haber clasificado a determinados clientes en un apartado de riesgo teniendo en cuenta sus características especiales.

El documento del servicio antiblanqueo concluye que la mayor parte de las operaciones presuntamente irregulares se llevaron a cabo en la época en la que Banco Madrid pertenecía a Kutxa o que los clientes señalados procedían de esa época. A día de hoy, esas cuentas han quedado canceladas o el saldo que reflejan es insignificante. La inspección del Sepblac, además, se basa en informaciones de prensa encontradas en internet.

Operaciones bajo sospecha

Entre las operaciones de los clientes analizadas y que, según el Seplac, Banco Madrid debía haber advertido sobre la procedencia del dinero, destaca, por ejemplo, las realizadas por el venezolano Carlos Luis Aguilera, que fue viceministro con Hugo Chávez y máximo responsable de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención de la República bolivariana. Aguilera habría firmado un contrato en octubre de 2007 para cobrar una comisión del 4,8 por ciento de un contrato de Dimetronic con el Metro de Caracas.

Es una operativa y, una comisión, que se repetiría en junio de 2008 con Constructora Hispánica y con Cobra. "Llama la atención, entre otros factores, que las tres empresas contraten al mismo consultor, aunque con objetos diferentes, y que en los tres casos se fije una retribución variable y no fija, siendo además idéntico el porcentaje de la remuneración", dice el Sepblac.

El 3 de octubre, cuando Banco Madrid pertenecía a Kuxta, el Gobierno venezolano adjudicó el contrato de rehabilitación de la línea 1 del metro de Caracas por 1.850 millones de dólares al consorcio español liderado por CAF, en el que participaban Dimetronic, Cobra y Constructora Hispánica.

Otro cliente destacado en el informe es Omar Jesús Farias, un empresario venezolano de los sectores asegurador y sanitario. En 2010 y 2011 dos de sus sociedades abrieron cuentas en Banco Madrid. Se trata de Seguros Constitución y Eagle Universal, que tenían su sedes en Venezuela y Barbados, respectivamente. Llama la atención, que tras la entrada de BPA, la entidad española canceló las relaciones, aunque sin explicar los motivos. Así por ejemplo, rechazó la recepción de 13,8 millones de dólares de una transferencia.

Vinculación con la matriz

El documento del Sepblac tan sólo vincula una operación de un cliente de Banco Madrid con BPA y, como las anteriores, debía de haberse comunicado al servicio antiblanqueo. La sociedad panameña Greentrail International abrió cuenta en Banco Madrid en 2010. En el momento en el que se realiza la inspección la cuenta había sido cancelada, pero la empresa, cuyo titular es el venezolano José Luis Zabala, transfirió el dinero -unos 2,28 millones de dólares- a la matriz andorrana.

El organismo dependiente de Economía sostiene que existen seis operaciones que "deberían haber sido objeto de examen especial y de comunicación por indicio". Según dice el Sepblac, "en ellas concurren indicios de blanqueo de capitales que, por sus características, determinan que el examen especial que debería haber hecho la entidad tendría que haber conducido, con un grado de certeza muy elevado, a la realización de una comunicación por indicio" ante las autoridades.

Únicamente, uno de los clientes con operaciones sospechosas pertenece a la época de BPA. Se trata del matrimonio compuesto por el exconsejero del Cabildo Insular de Gran Canaria, Paulino Montesdeoca, y María Cristina Viera. El saldo, a la fecha de la inspección, ascendía a tan sólo 2.259 euros.