Europa enfría la ficha bancaria del ICF: "no hay precedentes desde la crisis"

El retorno del curso en la política financiera catalana reabrirá el melón de la ficha bancaria del Institut Català de Finances (ICF). El Gobierno se comprometió a apoyar la solicitud de la Generalitat en Europa el pasado mes de mayo y en julio el banco obtuvo el visto bueno para constituir la sociedad con la que potencialmente operará. Y aunque desde el Ejecutivo transmiten optimismo y avanzan en la obtención del permiso, se topan con un obstáculo que hasta el momento ha sido insalvable: el Banco Central Europeo y el Mecanismo Único de Supervisión que, desde que ha entrado en vigor, no ha permitido ninguna licencia a una entidad como la catalana.

Pese al parón de agosto, el Departament d'Economia y el Banco de España han mantenido conversaciones en los últimos meses en busca de encontrar un camino para la autorización. Desde el regulador declinan ofrecer detalles sobre el avance de la discusión, pero admiten: "desde la creación del Mecanismo Único de Supervisión Europeo, no ha habido ningún caso de obtención de una licencia bancaria por un banco público de fomento".

Es decir, desde su entrada en vigor, en noviembre de 2014, cuando el Banco Central Europeo asumió las competencias de supervisión de las entidades de la zona euro. Y en la última década, el regulador no ha relajado su discurso. Es más, aboga por la concentración bancaria hacia entidades cada vez más grandes.

En este periodo eso sí, el BCE sí ha revisado el status de algunas entidades, como puede ser el caso de la Agence Française de Développement en 2017, que pasó de ser una institución de crédito a una sociedad de financiación debido a que ya no captaba depósitos y se enmarcaba más hacia entidad para el desarrollo. Más bien el camino contrario al que pretende tomar el ICF.

Y más allá de convencer al regulador continental, la Generalitat deberá lograr un informe favorable de la Comisión Europea sobre la ausencia de ayudas de Estado. "La anterior solicitud de licencia presentada por el ICF en 2021 fue desestimada por el Banco de España, entre otras cuestiones, por la falta de este informe", señala el organismo.

Sin embargo, el Govern y el Gobierno ahora cuentan con potenciales aliados en ambas instituciones. Al frente del Banco de España está ahora el exministro José Luis Escrivá y en Bruselas está Teresa Ribera como comisaria de Competencia y vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva.

Para lograrlo, el regulador recuerda que el ICF debería disponer de un capital social de un mínimo de 18 millones de euros –algo que no debería ser un problema con el presupuesto de miles de millones de la Generalitat- dispuesto en efectivo y representado por acciones nominativas. "Con posterioridad le serían exigibles los requisitos de fondos propios derivados de la normativa europea", añade. La implicación: tener un importe de capital que equivalga al 8% de los activos.

La clave estará de este modo en la sombra de ayudas de Estado que ya tumbó la solicitud anterior. Y al proceder los fondos del lanzamiento de un origen público, está por ver como solventar esta cuestión. Para evitar que tal soporte distorsione la competencia -la tentación de desplegar agresivas ofertas para ganar clientes y negocios apoyándose en tal ventaja- y procurar su viabilidad, Bruselas ha fijado siempre duras condiciones a los receptores obligándoles a suprimir el dividendo, vender activos y negocios y acometer ajustes en la red y plantillas.

En España, todas las entidades rescatadas tuvieron que transferir su exposición tóxica a la Sareb, con el consiguiente impacto negativo en las cuentas por tener que reconocer precios muy inferiores a los anotados en la contabilidad, se limitó el sueldo en sus cúpulas y se les obligó a recluirse a los territorios de origen. Bankia, el caso más paradigmático porque recibió 22.424 millones en diferentes fases, sufrió la nacionalización, bajó de 3.000 a 2.000 la red de oficinas, acordó ajustar la plantilla en 4.500 empleados -se quedó con 14.500 personas- y tuvo que salir de todos los mercados internacionales.

En este estadio se encuentran las conversaciones, todavía en fase informal en busca de potenciales problemas. Una vez hecha la solicitud oficial, el plazo máximo de resolución es de un año. "En la práctica el plazo de resolución depende en gran medida de la calidad y el detalle de la información y documentación aportada por el solicitante", añaden desde el Banco de España.

Los planes de la Generalitat con el ICF

A la espera de una respuesta, la Generalitat ha dejado claro que su voluntad pasa por convertir el banco en una entidad de crédito y no solo un banco promocional, como puede ser ahora. ERC, impulsora del acuerdo, es clara: "apostar por una banca pública fuerte y competir de tú a tú con los bancos". ¿Cómo?: "captando depósitos, accediendo a subastas de liquidez, con acceso a crédito barato y con operaciones financieras propias de la actividad tradicional de los bancos". En esta línea, la formación soberanista ya arrancó el compromiso de que el ICF pueda canalizar las líneas del ICO en las mismas condiciones que lo hacen las entidades privadas.

La consellera de Economía, Alicia Romero, señaló en el Parlament que la prioridad será "ayudar a las pymes". "Compartimos el objetivo de que el ICF escale en proyección: de institución financiera a entidad de crédito con mayor músculo", resumió. Abrió además otra carpeta: la huella territorial. Romero explicó que pretenden "tener más espacios en el territorio, más allá de la sede en Barcelona". De erigirse en una suerte de oficinas sería otro paso más en la competición con la banca tradicional.