González espió a clientes y rivales de BBVA hasta su salida en diciembre de 2018

Francisco González, expresidente de BBVA, contrató por primera vez al excomiasario José Manuel Villarejo en 2004 para espiar al entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, y abortar su intento de asalto al banco. Según revela el sumario del caso, desde entonces hubo contratos y acuerdos verbales durante un total de quince años. El último de ellos estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, tan solo diez días después de que González abandonara el cargo y fuera sustituido por Carlos Torres, el actual presidente de la entidad el 1 de enero de 2019.

El juez Manuel García Castellón, que ha instruido la causa, relata en el último auto en el que propone llevar a juicio a González y a la propia entidad, que se contrataba a Villarejo para espiar "tanto a clientes" del banco como personas ajenas, entre otras razones, para "tomar decisiones crediticias". En total, el banco realizó así pagos a Villarejo por más de 10 millones de euros camuflados como "honorarios por asesoramiento continuado".

Investigaciones de solvencia

García Castellón recoge que para dar cobertura formal a las contrataciones para el espionaje a clientes, se recurrió a la fórmula de "investigaciones sobre solvencia de riesgos". En este punto, el magistrado enfatiza que el BBVA contaba con "recursos más que suficientes, tanto en medios como en experiencia" para este tipo de investigaciones y que, por tanto, se trataba de realizar asuntos ajenos a la solvencia de riesgos.

En teoría, el excomisario prestaba al banco "asesoramiento continuado en el análisis de información, localización de patrimonios y servicios de inteligencia comercial y corporativa", pero el propio BBVA podía solicitar trabajos de investigación "específicos" para decidir o no si prestar créditos a los clientes investigados. Y todo por orden directa de González. Entre los clientes del banco a los que se espió destacan sobre todo, dos en 2009 a raíz de los impagos por la crisis del sector inmobiliario:Fernando Martín, de Martinsa, y Luis Portillo, de Colonial.

El espionaje sobre los empresarios inmobiliarios tenía el objetivo de saber si éstos ocultaban activos al banco para llegar a una "negociación extra judicial" o emplear dichos datos para "condicionar la traba de lo descubierto". En el caso de Portillo, la deuda ascendía a unos 70 millones de euros y, según los papeles del excomisario, el objetivo de la investigación era "salvaguardar los intereses" de BBVA. Villarejo llevó a cabo servicios de espionaje para destapar las acciones "irregulares y/o ilegales" que pudiese haber cometido Portillo, así como sus allegados –pues, su esposa y sus dos hijos fueron también fueron investigados". Por estos servicios el banco azul le habría pagado al expolicía hasta 3,2 millones de euros. Cantidad a la que también se sumaría el espionaje sobre Fernando Martín por los impagos de otros 80 millones de euros. Pese a todo ello, en la carta de renuncia de su cargo de presidente honorífico del banco, González sostuvo que en las dos últimas décadas de dedicación a su puesto siempre trabajó bajo "unos principios de ética y de rigor", negando así su implicación en los servicios acordados.

Ocultación de los pagos

Para ocultar los pagos al excomisario Villarejo, según el juez García Castellón, se firmó un contrato general, "que no delataba el auténtico objeto" del mismo. Se acordó así que Villarejo abriera una cuenta en una oficina del banco en la calle Orense de Madrid y el exdirector de Seguridad de la entidad, Julio Corrochano avisó al director de la misma, José Manuel Lucena Herrera "para que lo hiciese con celeridad y sin trabas". Para llevar a cabo la operación con la mayor discreción, Villarejo envió a un empleado de Cenyt, Rafael Redondo, que era la cara visible de la empresa, y a Gemma Isabel Alcalá. La cuenta estaba a nombre de Cenyt, figurando ambos como representantes. Se abrió con fecha de 2 de diciembre de 2.004 y permitió de este modo los pagos. Todo queda pendiente ahora del próximo 15 de septiembre, que es la fecha tope para que se presenten los escritos de acusación y los recursos de los investigados.