El Gobierno dificulta a la banca la venta de carteras morosas por las "facilidades" para clientes vulnerables

La ley de servicers o de las plataformas que gestionan la recuperación de la deuda morosa desalojada por los bancos era una reclamación histórica del sector que llegará a España por la trasposición de una directiva, pero las medidas añadidas por el Gobierno para favorecer a los hogares vulnerables amenazan con obstaculizar la venta de carteras de activos improductivos si no se ajusta su redactado o se adoptan medidas complementarias.

El Anteproyecto de Ley obliga a la banca a ofrecer quitas o, incluso, condonaciones parciales de deuda a clientes que reúnan dicho perfil de fragilidad si decide empaquetar su crédito y transferirlo a un tercero. La cuantía "perdonada" deberá encontrarse "alineada con el importe estimado de la venta" o, lo que es lo mismo, si está dispuesto a vender el crédito al 30% de su valor tendrá que permitir al cliente cancelar su deuda entregando exclusivamente dicho importe, de acuerdo al Anteproyecto.

El problema radica en que la banca carece de esa información y resulta inviable el acceso por la ley de Protección de Datos, explican fuentes financieras, convencidas de que las entidades "se pensarán mucho vender carteras" si no se revisa el Anteproyecto y se incorporan medidas para evitar problemas y el potencial daño reputacional de no gestionar bien las nuevas garantías para los hogares vulnerables.

"No estamos en contra de que esto sea así, pero nos preocupa mucho quién define esa vulnerabilidad", exponen las fuentes consultadas. En la fase de alegaciones de la norma el sector ha trasladado la petición de que dicha certificación la realice alguna administración pública o servicio público como ocurre para las declaraciones de incapacidad temporal o permanente o para, por ejemplo, habilitar el carnet de familia numerosa; o que, alternativamente, se cree algún registro que permita verificar la situación límite del deudor.

Otras de las alegaciones remitidas por la industria es que esa verificación resulte posterior y no anterior a que se venda la cartera, pudiendo sacar del perímetro aquellas operaciones donde el deudor certifique su situación vulnerable y asuma el precio pagado por el comprador para retirar su deuda, dentro de unos plazos tasados.

La normativa, hoy pendiente de que el Gobierno modifique o no el Anteproyecto con las alegaciones recibidas, viene a regular la actividad de las plataformas que gestionan la recuperación y venta de activos improductivos que la banca viene enajenando desde la crisis financiera para sanear sus balances.

16.000 millones al año

Solo durante el pasado año se estima que la banca y los fondos enajenaron carteras de créditos y activos adjudicados con un valor nominal próximo a los 16.000 millones de euros, cifra que supuso un aumento interanual del 45,4% y que este año podría superarse.

Pese a la profunda limpieza realizada por la banca en las últimas décadas, el mercado de activos tóxicos continúa siendo de los más grandes de Europa. A finales del pasado año, la banca española aún contaba con 76.700 millones en préstamos dudosos en su balance o un 21% de la exposición en el mercado europeo, conforme a las estadísticas de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Solo Francia superaba dicho stock, con 115.500 millones.

La normativa llega con la trasposición de la directiva 2021/2167 aprobada en 2021 en Europa, que persigue homologar las reglas a escala Continental, pero era una vieja demanda del sector de la recuperación de deuda en España, que a falta de una normativa lleva años con una autorregulación para garantizar la profesionalidad de su actividad y el adecuado trato al deudor.

La futura ley crea la reserva de actividad para los servicers, de forma que deberán estar autorizados en un Estado miembro de la UE para operar, figurar en un registro oficial y se encontrarán supervisados por el Banco de España. Todos los operadores (servicers y banca) se exponen a multas elevadas si cometen infracciones tipificadas como muy graves en dicha normativa.

La regulación busca también favorecer la estabilidad financiera facilitando a las entidades que vendan dichos activos morosos para mejorar solvencia y sanear balances y proteger al deudor. En el sector critican que entorpecerá el primer objetivo si no se resuelven bien las facilidades para vulnerables.