El consejo de ministros aprueba tramitar la Autoridad del Cliente Financiero por vía urgente
- Justo antes de dar el pistoletazo de salida a las reuniones con los presidentes de la banca
Lucía Gómez
El consejo de ministros ha dado luz verde este mismo martes a tramitar la Autoridad del Cliente Financiero por vía urgente. Esta decisión llega después de que al final de la anterior legislatura el proyecto decayese como consecuencia de la disolución de las cortes y apenas unas horas antes de que el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comenzase sus reuniones con los presidentes de las entidades.
El propósito de esta regulación es establecer una instancia que atienda las quejas de los clientes relacionadas con bancos, seguros, entidades de inversión, fintech y criptoactivos a través de medios extrajudiciales. Las decisiones tomadas en este contexto serán vinculantes para estas entidades, siempre y cuando el monto reclamado por el cliente no supere los 20.000 euros. Asimismo, se impone a bancos, aseguradoras y firmas de inversión la obligación de ofrecer atención presencial a grupos específicos en situación de vulnerabilidad, como las personas de edad avanzada.
A mediados del pasado mes de diciembre, el ministerio de Economía sacó a audiencia pública un nuevo texto del Anteproyecto de Ley en el que se incorporaron todos los cambios que se hicieron con las enmiendas en el Congreso de los Diputados en el anterior periodo de tramitación.
Entre ellos destaca una de las partes más criticadas por las entidades, la tasa de 250 euros que la Autoridad les cobraría por cada reclamación, con la que se proyectaba alcanzar una recaudación total de 25 millones de euros al año.
Con la modificación normativa, ahora se introduce una mayor complejidad en el cálculo del importe que las entidades deberán abonar. Por un lado, dicho importe dependerá de aplicar al 40% de los gastos incurridos por la Autoridad en el año anterior el porcentaje de reclamaciones resueltas por cada entidad en comparación con el total. Por otro lado, se basará en aplicar al 60% restante de los gastos de la Autoridad el porcentaje de resoluciones favorables al consumidor por parte de cada entidad en relación con el total.