Los inspectores impugnan en los tribunales el sistema de contratación del Banco de España

El malestar de los inspectores con la política de contratación del Banco de España sube de escala. La Asociación de Inspectores y Auditores Informáticos del organismo (AIBE) ha impugnado los concursos lanzados para reclutar a Economistas Titulados y expertos en Modelos de Riesgos por la vía contencioso-administrativa, indicaron fuentes de la inspección.

El colectivo está en pie de guerra contra el "abuso" del sistema de concurso "con abundancia de criterios subjetivos" en detrimento del modelo de oposición o concurso-oposición porque asegura que relaja los requisitos de acceso a la función pública y, a larga, podría ir en menoscavo de la independencia profesional. "Antes el 100% de las plazas se cubrían por oposición y ahora solo el 25%", denuncian las fuentes consultadas.

Para frenar el proceso, la AIBE solicitó en sendas demandas paralizar los concursos como medida cautelar sin que el tribunal lo aceptase para las plazas de expertos en riesgos y estando aún pendiente su respuesta en el segundo proceso.

En contra del concurso de Economistas alegan en un comunicado interno, por ejemplo, que carece del examen sobre los conocimientos del aspirante y se valoran "fundamentalmente méritos profesionales y académicos" que van a depender de "elementos tan etéreos, abiertos a interpretación y a libérrima discreccionalidad" como la "solvencia" del candidato, su "orientación a resultados", su "motivación para el puesto" o el mayor o menor "prestigio de la universidad" de procedencia. "Esta lista de universidades con prestigio académico no es además pública. El Banco de España hace una valoración interna y da más puntos a los candidatos que vienen de los centros con más prestigio", denuncian en la AIBE.

La asociación, que prevé escalar el conflicto al Ministerio de Universidades, repara en que el prestigio del centro es exógeno a la valía profesional y podría derivarse de factores como el número de publicaciones de sus profesores, algo que favorecería a estudiantes de centros privados, con mayores recursos para la investigación.

La batalla de los inspectores contra la política de contratación del organismo viene de lejos y se intensificó con el inicio de incorporación de personal temporal y con la externalización o subcontrataciones con auditoras y consultoras.

La AIBE reclama al Banco de España que instaure las "mejores prácticas" de contratación vigentes en la Administración General del Estado, mediante una oposición "con exámenes rigurosos, exigentes y transparentes" como recluta, por ejemplo, el Ministerio de Economía a sus Economistas del Estado.

El supervisor es una entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y un estatuto de autonomía que le habilita para incorporar personal vía concurso, pero explican que su uso debería ser "excepcional" y no convertirse en el mecanismo principal de entrada.

Un estatuto del inspector para entidades de crédito

Una de las viejas reivindicaciones del colectivo es la creación de un estatuto del inspector de entidades de crédito a semejanza de los existentes en otros cuerpos inspectores de la Administración.

Logró que el Congreso lo incluyese entre las medidas legislativas que el Gobierno debía impulsar cuando aprobó el dictamen sobre la comisión de investigación sobre la crisis financiera en 2019, pero la iniciativa se quedó en el aire.
Su elaboración "blindaría", a juicio del colectivo, la independencia en el ejercicio de sus funciones y evitaría la "privatización" de la supervisión" con la contratación y subcontratación a firmas externas.