El CES cuestiona el tope de 20.000 euros para que las reclamaciones en banca sean vinculantes

El Consejo Económico y Social (CES) entra de lleno en la creación de la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero y cuestiona el límite fijado para determinar si una resolución del nuevo organismo será o no vinculante. Con la redacción actual, la banca tendrá que acatar sin oposición alguna los dictámenes cuyo importe reclamado sea de 19.999 euros o inferior, un umbral que para el órgano consultivo "no queda justificado suficientemente" en el Anteproyecto de Ley y, "además, puede impedir el ejercicio de sus derechos a todas las personas consumidoras y usuarias".

A juicio del CES, la fijación de esa cuantía "podría no resultar coherente" además con la propia previsión regulatoria de que "las reclamaciones pueden ser alegadas "por uno o varios clientes financieros", es decir, que "puedan darse reclamaciones colectivas de cuantías superiores a ese límite".

El organismo siembra dudas así sobre uno de los puntos más polémicos de la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Su creación en sí misma supondrá un relevante cambio frente al escenario actual, ya que los dictámenes del Banco de España, de la CNMV y de la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones cuya gestión heredará la nueva figura no son de obligado cumplimiento, lo que provocaba que un porcentaje de los fallos resultasen desoídos.

Las patronales bancarias (AEB y CECA) reprobaron durante la fase de alegaciones al texto normativo que dicha competencia supone una "invasión del terreno reservado" a los jueces e incurría "en una evidente inconstitucionalidad", al poner en peligro el derecho de acudir a los órganos judiciales para defender sus intereses. Para solventar el problema, el Gobierno ha previsto que las resoluciones vinculantes puedan ser recurridas ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, pero esta solución no acaba de convencer a la banca al trasladar el litigio a los juzgados que dirimen disputas con la Administración Pública.

Desde la órbita de los consumidores, organizaciones como Adicae ha reclamado a su vez ampliar el carácter vinculante de las resoluciones más allá de las controversias por importes superiores a 20.000 euros y a aquellas otras que versen sobre "buenas prácticas y usos financieros" y las que no tengan contenido económico en la reclamación.

El CES pide en su informe reforzar las competencias de la nueva figura para que pueda "entrar a apreciar la abusividad de las cláusulas" además de velar por que no se sigan empleando aquellas que hayan sido declaradas como tal por los jueces, "mejorando su eficacia en la protección de los derechos de la clientela". Además, considera innecesario que se sancione a los clientes con hasta 1.000 euros si actúan de mala fe con su reclamación, con el argumento de que habrá pocos casos así y los detectará la nueva autoridad en la fase de instrucción.