Aragón no extenderá el impuesto de grandes superficies al pequeño comercio

La comunidad aragonesa trabaja en la elaboración de un informe en el que plasmarán sus explicaciones sobre este impuesto cuestionado por la Comisión Europea y que considera que debe eliminarse o bien aplicarse también al pequeño comercio. Una opción esta última que rechaza el Gobierno de Aragón.

Según ha podido saber el Economista.es, el Gobierno de Aragón se ha comprometido a que el impuesto de grandes áreas de venta por contaminación atmosférica no se extienda al pequeño comercio tal y como plantea la Comisión Europea, que ha dado de plazo hasta el 31 de marzo para que las autonomías afectadas (Aragón, Cataluña, Asturias, Navarra, La Rioja y Canarias) lo eliminen o lo extiendan al pequeño comercio, que debería abonarlo con efectos retroactivos.

Fuentes del Gobierno de Aragón han indicado que la extensión de este impuesto al pequeño comercio "chocaría frontalmente con la política fiscal del Ejecutivo autónomo", que está enfocada a mantener una baja presión impositiva entre el tejido productivo para fomentar la reactivación económica y la creación de empleo.

De momento, el Gobierno de Aragón está trabajando en la elaboración de un informe sobre este impuesto en el que recogerá sus alegaciones para remitirlo a la Comisión Europea para su análisis, al igual que deberán hacer el resto de comunidades autónomas afectadas tal y como se acordó en la última reunión celebrada con representantes de la Comisión Europea y de las diferentes autonomías.

La postura de Aragón siempre ha sido clara en torno a este impuesto, siendo partidaria de mantenerlo. Entre sus argumentos a favor destaca el hecho de que grava la contaminación atmosférica que se produce en estas zonas comerciales por el desplazamiento hasta ellas en vehículos y no a las empresas.

Además, se alega que tampoco es un impuesto empresarial que penalice unos formatos comerciales frente a otros ni una ayuda al pequeño comercio. También explican que el impuesto sólo ha sido cuestionado por un informe de la Comisión Europea, que expresa su opinión, pero que no tiene carácter vinculante.

En el caso de que este informe de alegaciones no sea valorado de forma positiva, Aragón y el resto de comunidades autónomas afectadas podrán recurrir a los tribunales de justicia europeos.