Visto bueno al proyecto de ley del Uso Estratégico de la Contratación Pública

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de Uso Estratégico de la Contratación Pública, un documento que persigue actualizar la normativa, proporcionar mayor seguridad jurídica a los operadores implicados y utilizar esta actividad para el desarrollo de políticas públicas sociales, de carácter medioambiental, socialmente responsables y de apoyo a la innovación y a Pymes.

Así lo ha explicado la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Ejecutivo autonómico, Mayte Pérez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, un texto que, a partir de ahora, comenzará su tramitación en las Cortes de Aragón.

La futura ley apuesta por procesos totalmente electrónicos, basados en nuevas tecnologías de registro distribuido y por la licitación electrónica, subastas y sistemas dinámicos.

Según ha dicho la consejera, se persigue un "uso estratégico de la contratación pública" e introducir factores "de progresividad y justicia social", así como el desarrollo de políticas públicas de carácter medioambiental.

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El proyecto de ley, que ha elaborado la Dirección General de Contratación, nace de una orden del consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, del 24 de enero de 2020 para actualizar la normativa aragonesa y adaptarla a las transformaciones que se han desarrollado en la contratación pública, a la vez que regular los procedimientos electrónicos que se han generalizado en esta disciplina.

La ley comprende 138 artículos, ordenados en cuatro títulos, doce disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.

Uno de los primeros objetivos de la nueva ley profundiza en la necesidad de disponer de una contratación pública planificada a través del Plan General de Contratación y de los programas anuales de contratación, que no tienen carácter vinculante, pero que permiten a los operadores prepararse y programar su trabajo para concurrir a diferentes concursos.

Esta medida favorece de manera especial a las pymes, que, teniendo capacidad de cumplir los contratos, muchas veces carecen agilidad para elaborar las propuestas. La medida persigue así una mayor concurrencia que dinamice el tejido empresarial aragonés, ha apuntado el Ejecutivo.

Cambio de cultura

Esta pretensión favorece otro objetivo expresamente citado en la ley como es el de transparencia, a la vez que se persigue una creciente profesionalización de todos los agentes que intervienen en la contratación pública de manera que la interacción de estos factores favorezca un cambio de cultura tanto en el sector público, como en los operadores económicos y que acerque la Administración al ciudadano.

Uno de los propósitos más destacados del texto pasa por implantar con carácter transversal el desarrollo de políticas públicas medioambientales, ponderando los impactos de los contratos o incluyendo medidas destinadas a fomentar la eficiencia energética, y la realización de políticas sociales, favoreciendo la inserción laboral y la igualdad, entre otras cosas.

Con este fin, se regulan, además, los contratos reservados, que permiten reconocer como condición especial de ejecución la subcontratación de parte de un contrato en favor de un centro especial de empleo o una empresa de inserción. De la misma manera, incluye artículos que promueven la investigación y la innovación integrada en cualquier tipo de licitación.

El carácter estratégico de la ley se aprecia también en la planificación y racionalización de los procesos de compra pública que suponen una manera de optimizar los recursos públicos. De hecho, regula los acuerdos marco, los sistemas dinámicos de adquisición, los sistemas de contratación centralizada y genera la Central General de Compras, procesos que obtienen reducción de costes y mejoras en procesos de compra.

Agilidad y control

La ley recoge una serie de procedimientos que buscan agilidad y control y que se han visto afectados por el empleo de medios electrónicos. A este respecto, trata de aclarar conceptos, a la vez que aprovechar instrumentos electrónicos, como la Plataforma de Contratación Pública de Aragón, que actúa de elemento vertebrador e integrador de otros instrumentos, como el Registro de Contratos, el Registro de Licitadores o el Catálogo de Contratación Centralizada.

Se hace una menciona expresa a las tecnologías de registro distribuido, se ofrecen pautas para la tramitación electrónica y la presentación de ofertas y se profundiza en un modelo que ofrece más seguridad jurídica y más transparencia, ha señalado el Ejecutivo.

Ha agregado que para culminar la visión estratégica de la contratación se desarrolla el concepto de Gobernanza, que trata tanto de la organización, como de las medidas de supervisión y vigilancia en la ejecución de los contratos con la vista puesta en la rendición de cuentas.

La Ley de Uso Estratégico de la Contratación Pública además de hacer frente a la necesidad de poner orden en los abundantes procesos de compra de bienes y servicios o en la adjudicación de obras que conforman una parte fundamental del trabajo de la Administración Pública, constituye "una oportunidad única para reforzar la confianza de los ciudadanos en el modelo de gestión pública y para consolidar una administración moderna basada en la eficacia y la transparencia", han esgrimido desde el Gobierno de Aragón.