STEPA pide en las Cortes de Aragón estabilizar a los 17.000 interinos en fraude de ley

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha explicado en las Cortes de Aragón su propuesta para dar solución en el ámbito autonómico a la exigencia europea de sancionar y acabar con el abuso de temporalidad en el sector público mediante la conversión de los afectados en personal "fijo a extinguir", como una solución "legal, justa y a coste cero". El sindicato presentó una Proposición no de Ley defendiendo esta vía, que ya ha asumido Ciudadanos para llevar a debate en el próximo período de sesiones.

María Pilar Remírez, del secretariado de STEPA, ha incidido en que el objetivo es dar solución al abuso de temporalidad en las Administraciones públicas, como un "problema social".

En Aragón, más de 29.000 trabajadores, el 48% de la plantilla autonómica, tienen contratos temporales. De ellos, es decir, un total de 17.000 (el 28,5%) están en abuso de temporalidad al haber superado el límite legal de tres años en su plaza.

STEPA ha denunciado que el "Icetazo", el decreto de medidas urgentes para reducir la temporalidad pública aprobado por el Gobierno "contraviene el derecho comunitario" y ha pedido que el Gobierno de Aragón asuma su responsabilidad y aproveche su capacidad de autorganización para dar una solución "que no deje a nadie atrás".

El sindicato presentó en junio a la Mesa de las Cortes de Aragón, como iniciativa ciudadana, una Proposición No de Ley que pide a los diputados instar al Gobierno de Aragón a "arbitrar los mecanismos legislativos y las medidas organizativas oportunas para dar una solución excepcional al abuso de temporalidad en la Administración del Gobierno de Aragón".

De este modo, se pide publicar un inventario de personas en situación de abuso, excluir sus puestos de las ofertas de empleo y reconocer su derecho a permanecer en su plaza como "fijos a extinguir", con el mismo régimen de estabilidad que rige para funcionarios o laborales fijos. Estos puntos quedarían recogidos en una nueva Disposición Transitoria de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Además desde el sindicato se ha destacado que se trata de una solución justa que compensa a las víctimas del abuso de la misma manera que se hace en el sector privado y aprovecha el valor de la experiencia de personas que llevan hasta décadas en sus puestos.

La organización también ha incidido en que se trata de una solución legal, "con una figura que el mismo PSOE ha incluido en la Ley de Presupuestos, por lo que no hay ninguna excusa". Además, según el sindicato, no supondrá coste para las arcas públicas, frente al pago de indemnizaciones a los interinos que tengan que dejar su puesto y las sanciones a las que se enfrenta España por no cumplir con la Directiva Europea 1999/70 sobre calidad en el empleo.

Por parte de Ciudadanos, Beatriz García, portavoz de Institucional y de Desarrollo Estatutario en las Cortes de Aragón, ha señalado que su grupo ha asumido la defensa de esta Proposición No de Ley por la importancia del problema y su incidencia en el medio rural "donde viven y trabajan muchos interinos, por lo que afecta a la despoblación" y ha recordado que ya se han defendido otras iniciativas en esta línea, como introducir la consideración del personal fijo a extinguir en los presupuestos autonómicos.

STEPA ha destacado su pleno apoyo al objetivo del Gobierno de bajar la temporalidad en las distintas administraciones al 8%, pero ha remarcado que los tribunales europeos ya han reiterado que las oposiciones para convertir las plazas temporales en fijas no son suficientes, ya que no garantizan una compensación a las víctimas del abuso de temporalidad ni suponen una sanción para los responsables de incumplir la norma que obliga a cubrir las plazas estructurales con personal fijo y no atenderlas con personal temporal por más de tres años.

STEPA ha señalado que seguirán las movilizaciones para dar una solución a los interinos en abuso de temporalidad, tanto en el ámbito autonómico como en el resto de administraciones. Ya este miércoles se participará en una protesta frente al Congreso, demandando que no se convalide el Icetazo y rechazando el apoyo de UGT, CCOO y CSIF a este decreto.