Aragón

Aragón firmará el plan de ayudas a la hostelería y el turismo antes de Semana Santa


    Europa Press
    Zaragoza,

    El plan de ayudas directas a la hostelería y el turismo para paliar los efectos económicos de la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 se firmará en un evento público antes de comenzar el puente de Semana Santa, ha avanzado este viernes el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas.

    En respuesta a una pregunta del portavoz del PP, Luis María Beamonte, el presidente de la Comunidad Autónoma ha señalado que el Ejecutivo ha negociado el plan con la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo con la colaboración de CEOE y que "va a ser de los más potentes en relación con las magnitudes presupuestarias y demográficas".

    "Las negociaciones están cerradas", ha continuado Lambán, quien ha subrayado que "todos los pilares de la Administración están concernidos", haciendo notar que una cosa es que el Ejecutivo regional tenga la misión de gestionar sanitariamente la pandemia y otra que sea el responsable económicamente.

    Ha dicho que la responsabilidad debe ser "compartida" y ha planteado que el Gobierno autonómico aporte el 60 por ciento del coste, las diputaciones provinciales el 20 por ciento y las entidades locales el 20 por ciento restante.

    Sector del calzado

    Javier Lambán ha explicado que el Gobierno de Aragón ha realizado gestiones para que el sector del calzado se incluya entre los que recibirán ayudas del fondo de ayudas directas aprobado por las Cortes Generales y que se tramitará como proyecto de ley, lo que permitirá a las comunidades autónomas plantear "asuntos concretos y específicos de su territorio".

    "Entre los planes autonómicos y nacionales ha de existir algún tipo de complementariedad", ha continuado Lambán, quien ha apuntado que a Aragón le corresponden 141 millones y que, junto con los agentes sociales y económicos, el Gobierno tratará de asignar los fondos "de la manera más justa y equitativa posible".

    "Nunca pinto un Aragón idílico", ha apostillado Lambán, quien ha aludido a "la crudeza de la situación" y ha recordado los "esfuerzos" de su Gobierno para amortiguar los efectos de la COVID-19 y así "evitar que se generen brechas de desigualdad añadidas a las de la anterior crisis". "De Aragón idílico nada", ha zanjado.

    Entre las medidas dispuestas por la DGA desde el inicio de la crisis, en 2020, ha mencionado las ayudas para el alojamiento de temporeros, los planes de impulso al empleo, el apoyo a los trabajadores en ERTE, el Plan Remonta, dos planes de choque para el turismo y la hostelería, y las ayudas a la digitalización.

    Ha recalcado que "toda la política presupuestaria se vio alterada y condicionada por la COVID-19 desde el principio", ya que el Presupuesto de 2020 "se trastocó" con la aprobación de un Decreto de autorización de un gasto de 510 millones de euros y el de 2021 "fue redactado de la primera a la última palabra pensando en amortiguar los efectos de la COVID-19 y preparar la recuperación".

    Ayudas prometidas

    Luis María Beamonte ha preguntado "en qué momento el tejido productivo va a recibir las ayudas tantas veces prometidas", quejándose de que "la realidad es que no se sabe todavía qué dinero viene a Aragón", de manera que hay "un constante sorteo de millones por todos los lados" mientras "a los aragoneses no les ha llegado nada".

    "Hay personas que llevan 346 días sin trabajo ni ayudas", ha alertado el presidente del PP Aragón, para quien "es un agravio comparativo generar expectativas a quien no puede resistir más y después no se le da respuesta en tiempo y forma".

    Beamonte ha proclamado que "la falta de concreción en cualquier Gobierno es un lastre para los ciudadanos" y ha criticado que los Departamentos del Ejecutivo regional "van dando palos de ciego" y van poniendo "parches".

    Ha preguntado a Lambán cómo va a gestionar las ayudas del Gobierno de España y ha apuntado que hay 87.000 aragoneses en paro, 16.000 en ERTE y han cerrado 5.000 pequeñas empresas, exigiendo a la DGA una mayor "capacidad de respuesta".