El cuatripartito rechaza la enmienda a los Presupuestos de Aragón para regular a más de 17.000 interinos aragoneses en fraude de ley

Los grupos que apoyan al Gobierno de Javier Lambán tumban la enmienda presentada por Ciudadanos, que sí ha contado con el apoyo de Vox e IU y la abstención del PP.

No ha podido ser. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha lamentado la actitud del Gobierno de Javier Lambán que con sus votos -PSOE, Podemos, PAR y CHA- ha rechazado en las Cortes de Aragón una enmienda al Presupuesto de la Comunidad para 2021 presentada por Ciudadanos, que hubiera permitido solucionar la situación irregular en la que se encuentran más de 17.000 empleados públicos del Gobierno de Aragón.

Un rechazo con el que desde STEPA han indicado que se hace "oídos sordos" a la Directiva Europea 1999/70/CE de obligado cumplimiento desde el año 1999. La misma enmienda, en este caso presentada por el PAR (Grupo Mixto), fue rechazada en el Senado para la estabilización de unos 800.000 temporales públicos -660.000 según el Gobierno- de toda España.

Durante la tramitación parlamentaria de los Presupuestos en ponencia y comisión, la enmienda de Cs -que recogió las demandas de STEPA- tuvo el apoyo de Vox e IU. El PP se abstuvo y fue rechazada con los votos de PSOE, Podemos, CHA y PAR.

Ante esta situación, STEPA ha manifestado que "lamenta profundamente que se haya perdido la oportunidad de solucionar a coste cero el abuso de la temporalidad en la Administración que está llevando a cabo el Gobierno de Aragón con total impunidad. Si bien, este problema viene de largo, el Gobierno de Lambán tenía ahora una oportunidad para resolverlo mediante la estabilización en sus puestos a través de una nueva figura de trabajadores 'fijos a extinguir' con la que se equipararían en lo básico con los funcionarios de carrera aunque sin tener todas sus prerrogativas".

STEPA también ha querido agradecer el apoyo de Ciudadanos, grupo que presentó la enmienda, además de valorar muy positivamente el respaldo de los grupos que han votado a favor. "Incluso el PP con su abstención creemos que ha querido visibilizar un problema que necesita de una solución rápida ante el abuso de la temporalidad de más de 17.000 trabajadores públicos cuya contratación excede del tiempo permitido por la Ley para seguir siendo temporales. Sanitarios, profesores y profesionales de la administración de diversos ámbitos que han demostrado su experiencia sobradamente durante años y que en plena pandemia han sido convocados a oposiciones, que si no superan les mandarán directamente a las listas del paro sin ningún tipo de indemnización".

Desde STEPA han añadido que "al menos se ha conseguido que por primera vez en las Cortes de Aragón se hable de la situación ilegal de los falsos interinos de la Administración, que representan aproximadamente el 30% de toda su plantilla -dos de cada tres trabajadores temporales han superado el límite legal de tres años en sus puestos- y de la necesidad de dar cuanto antes con una solución justa para los afectados y acorde con la Directiva Europea y la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

El debate también se ha puesto encima de la mesa en el Congreso y en el Senado, donde el representante del PAR, Clemente Sánchez-Garnica, propuso la misma enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, como solución a la situación irregular de los 800.000 interinos de todo el territorio nacional. La enmienda fue rechazada con los votos en contra de PSOE, ERC y PNV; los votos a favor de Ciudadanos, Comprimís, Teruel Existe y PAR, y la abstención del PP.

Desde STEPA han asegurado no entender cómo PSOE y Podemos manifiestan en el Congreso la necesidad de dar una solución urgente al problema a través de la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) mientras en Aragón se cierran en banda ante cualquier solución que no pase por las oposiciones indiscriminadas, que según manifestó el TJUE en su sentencia del 19 de marzo, no pueden dar solución al abuso de la temporalidad.

Ante esta situación, STEPA ha reclamado una moratoria de estas oposiciones hasta que se defina el marco normativo estatal que solucione el abuso de la temporalidad. "Hasta entonces, lo lógico sería que se paralizaran los procesos mal llamados de estabilización, que al contrario, tal y como han sido planteados por ejemplo en Aragón, pueden suponer el 'despido ilegal' sin ningún tipo de indemnización de miles de trabajadores temporales y sin que las administraciones sean sancionadas por el abuso cometido, en contra de lo que establece la normativa y jurisprudencia comunitaria".

Para STEPA, seguir con la situación actual derivaría además en miles de demandas judiciales que podrían originar millonarias indemnizaciones por parte del Gobierno de Aragón. "La estabilización del personal en abuso es justa, legal y a coste cero, la están estudiando también otras comunidades y sin embargo en Aragón el Ejecutivo de Lambán se enroca en una postura contraria a la UE y que puede disparar el gasto público. Además, las Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2019 y varias convocatorias ya han sido recurridas y están judicializadas en estos momentos", han añadido desde la organización.

El sindicato aragonés ha incidido en que lo que se necesita en la actualidad es personal cualificado para gestionar en dos años el cuantioso presupuesto del Plan de Choque contra la pandemia, que paradójicamente viene de Europa y que impondrá unas condiciones muy restrictivas de planificación de gasto y control de gestión.

"No es el momento de cambiar unos empleados experimentados por otros noveles. La covid-19 ya ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con efectivos que tengan la máxima cualificación y experiencia en todos los ámbitos de la Administración. El lema de que nadie se quede atrás debe ser una premisa que hasta ahora el Gobierno de Aragón olvida en su propia Administración", apuntan desde STEPA.

La mayoría son mujeres

Según el último boletín estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Aragón de junio de 2020, la temporalidad asciende al 47,1% del total de los 57.047 empleados públicos existentes en la administración aragonesa, a pesar de que la Ley establece un máximo del 8%.

A los 17.000 temporales en fraude de ley (el 30% del total de la plantilla y dos de cada tres interinos) se suman aquí quienes ocupan puestos de naturaleza realmente temporal y los que simplemente no pueden considerarse aún en abuso de temporalidad al no llevar tres años sin que su plaza haya salido a oposición.

Este porcentaje supone que 26.855 personas son temporales, de las que 6.357 son hombres y 20.498 mujeres (el 76%). Además, la media de edad es de 46,7 años, por lo que se estima que más de 17.000 se jubilarán en los próximos 10 años.

STEPA también ha denunciado que "las tasas de temporalidad en Aragón se disparan en los servicios esenciales y en los peores destinos: sanitarios en primera línea de acción, profesorado en los barrios desfavorecidos y pueblos aislados, los servicios sociales, la atención al público..." Además, se atenta contra la igualdad, ya que el 75% son mujeres, con una edad media de 50 años".