Aragón rechaza el mini-trasvase permanente de 4,99 hm3 anuales del Ebro a Cantabria

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha apuntado que el Consejo de Gobierno ha acordado informar "negativamente" de la propuesta de transferencia anual de 4,99 hectómetros cúbicos (hm3) de recursos hídricos de carácter indefinido, desde la Demarcación Hidrográfica del Ebro a la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental para necesidades de abastecimiento de determinadas comarcas de Cantabria.

Esta decisión ha sido adoptada en aplicación de los artículos 72.3 y 19 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, en orden a evitar propuestas de transferencias de aguas que afecten al territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón y para la defensa de los derechos relacionados con el agua de los aragoneses que afecten a intereses de sostenibilidad atendiendo a las generaciones presentes y futuras.

De esta forma, se remite al Parlamento autonómico el acuerdo de Consejo de Gobierno, para su tramitación y aprobación, en su caso, en el órgano que decida la Mesa y la Junta de las Cortes de Aragón, para su remisión definitiva a la Administración General del Estado.

"Es una decisión que marca la posición política incuestionable de este Gobierno, con el presidente --Javier Lambán-- a la cabeza, pero que además está avalada por informes técnicos que corroboran la posición política que hemos defendido, hoy y siempre, en relación con cualquier tipo de trasvase", ha remarcado Mayte Pérez.

En este punto, ha detallado que los citados informes preceptivos previos son del Instituto Aragonés del Agua (IAA), el Consejo de Ordenación del Territorio (COTA), la Dirección General de los Servicios Jurídicos y Consejo Consultivo de Aragón.

En concreto, el 4 de junio se reunía el COTA y acordaba informar negativamente por considerar que no se justifica el carácter permanente e indefinido con el que se configura la transferencia. No sólo por la preferencia de los usos y aprovechamientos a favor de la Cuenca, sino porque se considera que no existen razones objetivas que la justifiquen, dado que de forma paralela se está tramitando por el Ministerio de Transición Ecológica un expediente de autorización especial de 18,61 hectómetros en favor del Gobierno de Cantabria, enmarcada en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y siendo que la suma de ambas superan ampliamente las necesidades descritas por el Ministerio en relación con las demandas de recursos hídricos para abastecimiento de agua de boca en el ámbito territorial descrito de las comarcas orientales de Cantabria.

Además, el informe recordaba que conforme a lo establecido en el artículo 19 de Estatuto de Autonomía de Aragón, que manda a los poderes públicos aragoneses "velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras", así como en la Ley de Aguas y Ríos de Aragón.

En este mismo sentido, se pronunciaba el informe del IAA con fecha de 3 de abril, en el que se especifica que la transferencia sometida a informe sumada a la que se está tramitando como autorización especial (bitrasvase) superan ampliamente las necesidades descritas por el Ministerio en relación con las demandas de recursos hídricos para abastecimiento de agua de boca en el ámbito territorial descrito de las comarcas orientales de Cantabria.

Este argumento también es señalado en el informe de los Servicios Jurídicos de Presidencia del Gobierno de Aragón, en el que se incide en la deficiente motivación de la transferencia para atender las necesidades de abastecimiento de las comarcas afectadas que contiene la propuesta de Acuerdo del Consejo de Ministros.

Por último, el informe del Consejo Consultivo, que se ha emitido ayer, sostiene que en base entre otros a los argumentos expuestos la propuesta de transferencia no cumple con los principios generales de la planificación hidrológica, y a la no justificación de la necesidad de la misma y menos con un carácter permanente e indefinido.

Ausencia de razones

"Todos los informes coinciden en la ausencia de razones objetivas que justifiquen este trasvase", ha resumido Mayte Pérez. Además, ha aseverando que desde el Gobierno se han mantenido "siempre en contra de cualquier trasvase" y esto solo es "uno más".

"Nuestra postura ya había quedado suficientemente clara, pero hay ha tomado forma jurídica en ese acuerdo de Consejo de Gobierno, una postura que además queda avalada no solo en los informes técnicos, también en nuestro propio Estatuto de Autonomía", ha añadido.

Una vez en las Cortes, el plazo de Aragón para remitir la decisión adoptada a la Administración General del Estado es el 27 de julio.